Dos marchas en la última semana en Lima, una a favor del presidente Pedro Castillo y otra en contra, solo sirvieron, según analistas, para demostrar que las calles aún son tímidas en medio de la fuerte crisis política que sacude a Perú por los choques entre el gobierno y la oposición.
Ambos bandos dieron partes de triunfo, pero, según los cálculos de los medios, en las dos movilizaciones, sumadas, no participaron más de 20.000 personas, poco para una ciudad de 10 millones de habitantes.
Lima es, además, una ciudad que sabe de movilizaciones: en noviembre de 2020 fueron sus calles, tomadas por personas de diversa procedencia y sin liderazgos visibles, las que tumbaron al gobierno de Manuel Merino, que solo resistió una semana tras la destitución, por parte del Congreso, del presidente Martín Vizcarra.
“Ambas marchas adolecieron de lo mismo: de una propuesta que no convoca”, afirmó en su programa de televisión la analista Rosa María Palacios, crítica de Castillo.
Las muy activas “fake news” de internet hablaron de al menos 60.000 participantes en la marcha “Reacciona, Perú”, que, el pasado fin de semana, pretendió graficar la resistencia en Lima contra Castillo.
Pero todas las evaluaciones independientes coinciden en que no fueron más de 10.000 personas, con poca presencia de la juventud y de las clases populares.
“Fue la mayor marcha que ha habido en Lima contra el gobierno, pero estuvo lejos de ser multitudinaria; los jóvenes no creen en los convocantes, temen que son personas que solo quieran seguir con lo de antes”, opinó el analista Ramiro Escobar.
Aunque la cara visible de la convocatoria fue el joven abogado Lucas Ghersi, que no milita en ningún partido, viejos y resistidos nombres de la derecha desplazada, como Lourdes Flores, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, se sumaron abiertamente.
Incluso, portavoces de la derecha más dura del Congreso, como Norma Yarrow o Gladys Echaíz, hicieron suyo el llamado. “¿Por qué habría yo de marchar al lado de esas personas?”, comentó Escobar que le plantearon algunos de sus alumnos universitarios.
Cuando Merino, como presidente del Congreso, quiso adueñarse del Palacio de Gobierno tras la destitución de Vizcarra, las calles no le dieron respiro.
Autoconvocadas por internet, sin liderazgos visibles, miles de personas, fundamentalmente universitarios, salieron a combatir a un gobierno que solo pudo responder con represión y que una semana después tuvo que dejarle el camino libre a una respuesta institucional.
Dos décadas antes, en 2000, las calles rebeldes también fueron decisivas en la caída del gobierno autoritario de 10 años de Alberto Fujimori, quien finamente optó por la huida. También en esa ocasión la juventud se llevó el protagonismo.
Según una encuesta de la firma Ipsos publicada ayer, Castillo tiene 66% de desaprobación popular. El asunto siempre fue más dramático en Lima, hostil al profesor rural que ganó las elecciones desde una aldea remota de los Andes a nombre de un partido que se proclama marxista leninista.
Pero ese rechazo es menor al del Congreso, controlado básicamente por tres partidos de derecha radical, pues en ese sondeo la repulsa llega a 73% y en otras mediciones fue considerablemente mayor.
En ese contexto, movilizarse a favor de la salida de Castillo es percibido por muchos como una forma de ayudar a quienes controlan el Legislativo y por eso se abstienen.
El pasado jueves el turno en Lima fue para los defensores del gobierno: “Le decimos no al Congreso golpista, a la fiscal narcotraficante y a la prensa basura”, señaló entre gritos a Télam uno de los participantes en la marcha “Toma de Lima”, que recorrió las calles céntricas de la capital.
Lo de “Congreso golpista” se refería a los intentos por sacar a Castillo; lo de “fiscal narcotraficante”, a supuestos vínculos con la mafia de una hermana de la fiscal general, Patricia Benavides -gestora de una denuncia constitucional contra el presidente-, y lo de “prensa basura”, a los ataques de gran parte de los medios convencionales.
También fue seguramente la mayor marcha castillista que haya habido en Lima. Pero los cerca de 5.000 participantes, que incluían a muchas personas llegadas desde el interior del país, resultaban muy poco para las dimensiones de la ciudad.
Las dos marchas parecieron parte de un plan para medir fuerzas en la antesala de que Lima sea visitada, desde el próximo domingo, por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que examinará si, como denuncia Castillo, está en riesgo de la democracia.
La delegación, formada por los cancilleres de la Argentina, Santiago Cafiero; Belice, Eamon Courtney; Ecuador, Juan Carlos Holguín; Guatemala, Mario Búcaro, y Paraguay, Julio César Arriola, y vicecancilleres de Colombia y Costa Rica, examinará el caso in situ y presentará un informe que será debatido en la OEA.
Entretanto, la “guerra de poderes” continúa y en el Congreso avanzan tres herramientas contra Castillo: una acusación por traición a la patria, una denuncia constitucional de la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción y una moción de vacancia (destitución) por “incapacidad moral”.
La imputación por traición a la patria, que se basa en una entrevista de televisión en la que Castillo dejó abierta una opción teórica de un referendo para darle mar a Bolivia, pasó ya por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero aún tiene varias fases para cumplir.
La denuncia constitucional de la Fiscalía está aún en estudio en el Legislativo porque los presuntos delitos que menciona no están dentro de los cuatro que, según la Constitución, permiten un proceso judicial contra un presidente en funciones.
Para los analistas, incluidos muchos de los que cuestionan a Castillo, existe el riesgo de que la oposición parlamentaria y sus aliados busquen forzar las interpretaciones para subir a la categoría de delito unas declaraciones hipotéticas en una entrevista o para cambiar las figuras por las que se puede procesar a un jefe del Estado.
“Castillo es un pésimo presidente, pero no pueden sacarlo sin un buen fundamento”, planteó el analista Augusto Álvarez Rodrich. Según expertos, forzar situaciones puede terminar por darle la razón al mandatario, que denuncia que está en marcha un “golpe de estado” en su contra.
Una tercera opción para superar la crisis, la de “que se vayan todos”, gobierno y congresistas, es al parecer mayoritaria, pero no tiene liderazgos ni acción. Según Escobar, una extendida falta de credibilidad en las instituciones políticas conspira en contra de que sectores como el de los jóvenes tengan ahora mayor protagonismo.
