«El Estado tiene que, una vez que se comete el delito, ver cómo lo saca al joven de de esa carrera delictiva y es importante fijar en 15 años, porque es dónde se da ese salto», señaló el funcionario.
En diálogo con radio Cooperativa, defendió la iniciativa de un nuevo Régimen Penal Juvenil al sostener que viene a saldar «una deuda de la democracia», aunque aclaró que la cuestión la edad de imputabilidad «es un tema marginal» dentro de una norma con más de 100 artículos.
«Es un régimen que permitiría que el Estado, cuando un joven tome la senda del delito pueda sacarlo del espiral delictivo», ponderó.
«La nueva ley prevé que en los casos que son inimputables, los jueces puedan avanzar en quién es responsable y si el joven es imputable o no cuando hay homicidios o violaciones. Con robos es más difícil, pero es importante saber quién cometió y actuar en consecuencia. Hoy eso queda en una nebulosa y no se termina de saber quien fue el responsable», manifestó.
El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil para que sea debatido en febrero, luego de que el presidente Mauricio Macri convoque, tal como se prevé, a sesiones extraordinarias.
Garavano puntualizó que el objetivo del Gobierno es que «el proyecto al menos tenga media sanción», y aunque aclaró que «si es aprobado, mejor». «Esperamos el apoyo de la oposición y la sociedad y ojalá podamos generar una salida seria, profunda, planificada de mediano plazo para corregir esta situación que se ha mantenido en los últimos 30 años», resaltó.
El ministro salió al cruce de las críticas opositoras, al señalar que «aquellos que se dicen defensores de los jóvenes mantienen un statu quo, donde la solución es no hacer nada o dejar a los jóvenes libres para que cometan delitos y que no pase nada».
El debate que instaló el oficialismo en torno a la baja de la edad de imputabilidad se da en el marco de una serie de medidas que el propio Gobierno tomó en materia de seguridad como la adquisición de pistolas Taser, la intención de deportar a extranjeros que delinquen en el país, y el proyecto que busca que se sustraiga una muestra de ADN a todas las personas que cometen delitos dolosos.
