El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 92 intendentes de once provincias del país por la presunta malversación de los fondos públicos que estaban destinados al programa Residuos Sólidos Urbanos.
Se trata de jefes comunales retirados o en actividad, en su mayoría de Chaco, pero también pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.
La investigación liderada por Bonadio investiga la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro de la Nación que fueron asignados por la Jefatura de Gabinete a más de 190 municipios entre 2013 y 2015.
Cabe recordar que entre junio y diciembre de 2019, cerca de un centenar de intendentes, ex intendentes y funcionarios municipales desfilaron por el juzgado para prestar declaración sobre el tratamiento de dichos fondos.
En la misma causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina.
Según el fallo de Bonadio, los intendentes “requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentados”. Para el magistrado, “cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado”.
Además, agregó que tampoco pudieron “explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.
Luego de que se diera a conocer el fallo, dirigentes del Partido Justicialista de Buenos Aires consideraron que el fallo es una “extorsión como parte de una presunta estrategia electoral” de Cambiemos. “Los carpetazos y las falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente”, añadió el PJ.
