A comienzos de 2019, la central nuclear de Embalse se puso nuevamente en marcha, luego de un parate de más de dos años por las tareas de actualización para extender su vida útil por 30 años. El 4 de enero último, la central comenzó a entregar energía a la red eléctrica en forma progresiva, y ahora llega prácticamente al 100% de su capacidad instalada. En aquella oportunidad no hubo acto oficial, el cual finalmente se llevó a cabo ayer con la presencia del secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, y el subsecretario de Energía Nuclear y presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Julián Gadano. “La energía nuclear es una fuente más que se suma al petróleo y gas, con Vaca Muerta a la cabeza, y las energías renovables, todas en expansión”, sostuvo Lopetegui. “Hoy es un día de alegría. Esto es real, se hizo en tiempo y presupuesto”, dijo a su tiempo Gadano.
Sin embargo, la euforia oficial fue contrastada con una “carta abierta” que difundió la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), a colación de la reinauguración de la planta cordobesa y en relación a la falta de rumbo de la industria nuclear argentina. “Felicitamos otra vez más a los trabajadores de NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA), CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y del resto del sector nuclear por esta hazaña tecnológica. La tarea, hecha en un 97% por personal del Estado y de las empresas argentinas, muestra que nuestro país domina la tecnología Candu, centrales nucleoeléctricas sencillas, robustas, seguras, de tubos de presión, uranio natural y agua pesada. Es el tipo de planta que nos hace independientes en todo”, comienza la nota firmada por el secretario General de APCNEAN, Andrés Kreiner.
En su planteo, el especialista en física nuclear sostiene que la Candu es el tipo de central que podemos construir en el país “generando trabajo calificado local, con costos en pesos y sin exportar dólares por depender en tecnología, combustibles u otros insumos externos”. Es al mismo tiempo “el modo más efectivo en Argentina de desacoplar el gas y la electricidad, de modo que la falta del mismo o los precios de fantasía que se pagan en boca de pozo no sigan destruyendo la economía nacional, provincial y familiar a apagones o tarifazos”.
A partir de ese planteo, Kreiner -en representación de la APCNEAN- cuestionó en el escrito que “Gadano aplauda los 30 años más que funcionará nuestra Candu cordobesa, cuando en mayo de 2018, al toque del regreso del FMI como prestamista y consejero del gobierno nacional, canceló Atucha III, la segunda Candu. Más aún, canceló una decisión nacional a favor del uranio natural y el agua pesada que viene desde 1967, y alrededor de la cual se ha ido construyendo la industria nuclear argentina durante más de medio siglo”. Incluso, recordó que el funcionario resolvió en 2017 “paralizar” la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (Piap) en Neuquén. “Esperamos fervientemente que la cancelación de Atucha III sea revertida por un futuro gobierno. Pero la paralización y ruina de la Piap es un estrago que no dudamos en calificar como acción de lesa patria”, fundamentó la asociación de profesionales nucleares en la dura misiva.
Por último, APCNEAN señaló que la reconstrucción de la central de Embalse ocurrió “solo porque este gobierno se encontró con contratos firmados desde 2010 en adelante con 100 empresas de ingeniería, entre ellas las mayores del país”. A esa reflexión agregó, como dato, que luego de la puesta en funcionamiento de la planta el Ministerio de Energía despidió –en julio del año pasado- a 250 expertos de NA-SA, “y piensa seguir echando a más participantes de esta tarea que al mismo tiempo elogia”. “Para el país, esto fue como haber criado un toro de exposición, y tras ganar la cucarda en La Rural, hacerlo hamburguesas”, graficó un irónico Kreiner.
La central de Embalse ya funciona al 100%
Quedó reinaugurada definitivamente la central nuclear Embalse, construida en 1984. La obra, que fue realizada por ingenieros argentinos, consistió en la modernización de sus componentes como la renovación del reactor, el recambio de los generadores de vapor y la actualización de los sistemas de seguridad. La nueva planta incrementó su potencia en un 6%, al pasar de una potencia bruta de 648 MWe en su primer ciclo de vida a 683 MWe en esta nueva etapa.
Abastecerá nuevamente al sistema interconectado nacional, generando energía eléctrica para unas 3.000.000 de personas. La vida “extra” de la central fue autorizados por la Autoridad Regulatoria Nuclear que depende directamente de la Presidencia y bajo cuya licencia funcionan las centrales nacionales. Las obras para ampliar la vida útil de esta central demandaron tres años de trabajo (2015-2018) y una inversión de 2.140 millones de dólares.
