La tensión entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Eduardo de Lázzari, volvió a escalar en las últimas horas. Los chispazos comenzaron, en rigor, el 28 de junio, en el marco de las V Jornadas de la Red de Jueces Penales Bonaerenses.
En ese contexto, De Lázzari advirtió que en los tribunales federales se producen situaciones de “abuso del proceso judicial penal” y se generan “causas armadas artificialmente”. Además, alertó por la actuación de “espías” y por las “escuchas” y “complicidades” de algunos magistrados y fiscales que, según su consideración, contribuyen a provocar “un panorama deplorable”.
Sin embargo, De Lázarri añadió que la misma situación comenzó a reproducirse en el ámbito provincial. Esto generó que Vidal lo instara, el domingo por la noche, a denunciar las supuestas causas armadas y persecuciones. “Cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no, uno es cómplice y es un delito”, dijo. “Si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones está obligado a denunciarlo. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial”, sostuvo. La gobernadora se pronunció en el marco de su paso por el programa “Debo decir” que conduce el periodista Luis Novaresio.
El magistrado respondió a las pocas horas con un comunicado emitido por el máximo tribunal bonaerense. En principio, aclaró que De Lázzari se refería a una “trascendente causa” que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal”. De esta manera, se refirió al expediente que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla y que investiga una supuesta red de espionaje y extorsión.
Según el comunicado, con sus palabras, De Lázzari también se refirió “al caso del fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado, lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y su juzgamiento en sede penal”. Otra clara referencia al funcionario judicial Juan Ignacio Bidone, quien admitió haber compartido información de investigaciones con el falso abogado, Marcelo D’Alessio.
En el comunicado, el magistrado intentó bajar la tensión que se generó en los últimos días. “Se trató de una reunión con más de cien jueces penales de la provincia, el 28 de junio, en la que se debatieron cuestiones propias del fuero, análoga a las que el presidente (De Lázzari) mantiene habitualmente con jueces civiles, laborales, de familia, jueces de paz, camaristas”, escribió el máximo tribunal.
