La iniciativa, que cosechó 154 votos positivos, 54 negativos y 7 abstenciones, ya contaba con media sanción del Senado.
La particularidad es que Juntos por el Cambio votó dividido: un sector de la principal fuerza opositora se plegó a la postura oficialista y arrimó votos que en la cuenta final fueron claves para la aprobación. El PRO se anotó con 22 votos afirmativos y ocho negativos, la Coalición Cívica votó en contra y la UCR se repartió con 29 negativos y siete abstenciones.
La medida suspende las restricciones que pesan sobre las provincias para incrementar impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros tributos. Son compromisos que las jurisdicciones habían asumido en los Consensos Fiscales del 2017 y 2018 con el impulso del Gobierno de Mauricio Macri.
A su vez, la iniciativa suspende por un año el trámite de los procesos judiciales iniciados por las provincias firmantes contra el Estado nacional a raíz de la baja de impuesto a las Ganancias y al IVA aplicada a la canasta básica de alimentos.
En tanto, se consigna que aquellas provincias que todavía no iniciaron juicios contra el Estado nacional, se abstengan de hacerlo.
Con esta medida, el Estado prevé un alivio fiscal de 60.000 millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto justificó su rechazo al sostener que la Argentina «no da más con su carga tributaria», y aseguró que «el pueblo de la nación está cansado de pagar impuestos».
«El consenso fiscal que firmaron los gobernadores era una respuesta a la necesidad de la sociedad que nos exige a nosotros porque no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias y ese acuerdo fiscal daba previsibilidad y va de la mano con la seguridad jurídica», indicó en defensa de los acuerdos fiscales sancionados durante el macrismo.
La diputada del espacio que lidera Elisa Carrió alertó que el país tiene «la segunda carga impositiva mundial para las empresas», y consideró que si los impuestos suben, los costos se trasladarán a los precios en forma de mayor inflación.
«Ese es un impuesto que pagamos todos, pero sobre todo los que menos tienen en este país», advirtió.
El diputado radical Ricardo Buryaile consideró que «no es bueno ni serio que un Congreso de marchas y contramarchas «todos los años» dado que con la suspensión de este compromiso asumido se está «quitando valor a algo firmado».
La diputada catamarqueña del Frente de Todos Lucía Corpacci salió al cruce de las críticas al sostener: «En ningún momento el texto dice que vamos a aumentar impuestos, sino que vamos a dejar de disminuirlos por un año y a suspender las acciones judiciales mientras nos sentemos las provincias a acordar o no con el Gobierno Nacional».
«Nadie está pidiéndole a nadie que aumente los impuestos. Aquellas provincias que puedan disminuirlos, que los disminuyan, pero que sea su potestad», argumentó la ex gobernadora catamarqueña.
