Mientras se aguarda que esta semana finalmente el Gobierno nacional envíe al Congreso el anunciado proyecto de reforma judicial, en la antesala a que eso se concrete ayer trascendieron los nombres de los 11 integrantes que conformarán el consejo asesor de expertos, que será el encargado de hacer propuestas para reformar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la designación de nuevos fiscales y la instauración de juicios por jurados. El presidente Alberto Fernández ya se habría comunicado con todos los elegidos, a quienes convocó para hacer una presentación oficial mañana por la tarde, aunque aún no está definido. La comisión tendrá un plazo de 90 días para presentar propuestas.
El grupo de los elegidos es equilibrado en género y variado en especialidades y representación provincial. Por caso, así como formará parte el penalista y profesor Alberto Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, también fue convocada la jueza del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weimberg de Roca, que fue la candidata que el ex presidente Mauricio Macri había postulado (aunque su pliego no fue votado) para estar al frente de la Procuración General, tras la salida de Alejandra Gils Carbó.
También estará el profesor de derecho penal Enrique Bacigalupo, los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el penalista, ex ministro y ex camarista del Juicio a las Juntas León Arslanian, la jurista Marisa Herrera, que se especializa en derecho de familia y participó de la reforma del Código Civil, y tres juezas: Hilda Kogan, de la Corte bonaerense, Claudia Sbar, de la Corte tucumana y María del Carmen Battaini, del superior tribunal de Tierra del Fuego. Habrá también un miembro de la Corte mendocina, Omar Palermo.
En cuanto a la reforma judicial, desde el entorno presidencial aseguran que el proyecto será corto” y tendrá mayor impacto en la Justicia federal, ya que la propuesta apunta a que sean 46 los jueces, repartidos entre los doce de Comodoro Py (hay algunos juzgados vacantes). Se sumarán 34 entre los fueros penal y penal económico. También pondrá en funcionamiento el sistema de juicios por jurados y no habrá modificaciones en cuanto a la elección y los concursos de los jueces. En tanto que las causas que aún estén en curso quedarán con el juez sorteado actualmente.
Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, anunció Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento, el 1 de marzo de este año. En ese discurso, el Presidente prometió un fuero federal penal” que pudiera actuar con mayor eficacia, y menos discrecionalidad, en los delitos contra la administración pública. Una de las claves para esa transformación es el consejo de notables que analizará el funcionamiento de las instituciones de la justicia que Fernández tiene previsto anunciar en las próximas horas.
