El presidente Alberto Fernández señalo hoy que no va a «estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco», mientras que el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, advirtió que «la quiebra sería la peor salida» pero «siempre está latente en un concurso».
Sin la posibilidad en el horizonte de la conformación de un fideicomiso mixto para administrar la empresa y buscar financiamiento, Vicentin enfrenta en el concurso preventivo una deuda cercana a los 100 mil millones de pesos entre pasivos con entidades financieras locales e internacionales y acreedores comerciales.
El juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista que entiende en el concurso, Fabián Lorenzini, estableció el 25 de agosto como plazo máximo para verificar créditos.
Además, estableció que la Sindicatura tendrá tiempo hasta el 13 de noviembre para presentar los informes individuales y hasta el 16 de marzo de 2021 para el informe general.
Entre la declaración de cesación de pagos por «estrés financiero» el 5 de diciembre de 2019 y el pedido de su propio concurso el 10 de febrero de este año, la empresa fracasó en su intento por arribar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.
El 25 de enero presentó una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que contemplaba la cancelación de la deuda en un solo pago para 1.200 pequeños productores y en hasta ocho años para corredores y acopiadores, mantenía dolarizados los créditos y no establecía quita, pero fue rechazada.
El 6 de febrero el grupo Gagliardo Agrícola Ganadero presentó un pedido de quiebra de Vicentin en un tribunal de Rosario y el 10 de ese mes la agroexportadora santafesina pidió su concurso, abierto formalmente el 5 de marzo.
Paralelamente, un comité de acreedores financieros externos de la empresa -integrado por la Corporación Financiera Internacional (CFI-Banco Mundial), la holandesa Netherlandese Financerings y ING Bank-Tokyo Branch, entre otros- solicitó a un tribunal de Nueva York un procedimiento de «discovery», que es un proceso de establecimiento de pruebas para un litigio futuro o en curso, según la tradición jurídica anglosajona.
El tribunal solicitó entonces a Vicentin que presente documentos que incluyan las transferencias electrónicas realizadas en los últimos meses por la firma y sus filiales en distintos puntos del mundo, y también las transacciones realizadas por sus ejecutivos.
Los bancos extranjeros reclaman una deuda del orden de los 530 millones de dólares a la compañía santafesina.
En ese contexto, el jueves fracasó el intento del Gobierno de Santa Fe por acordar la conformación de un fondo fiduciario mixto que permitirá darle continuidad a la operatoria de la empresa y poder, así, genera los recursos para cancelar el pasivo concursal.
Y el presidente Fernández decidió ayer derogar el decreto que establecía la intervención por 60 días de Vicentin para una futura declaración de utilidad pública y posterior expropiación.
«El juez nunca aceptó que entráramos para aportar una solución en Vicentin. Nosotros queríamos rescatar a una empresa que era una referencia cerealera importante en el país, no a los directivos de la empresa. Para esto último estaba el gobierno anterior», remarcó hoy el Presidente en El Destape Radio.
