La comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales se reunirán por videoconferencia a partir de las 14:00 para escuchar a varios expositores que darán su opinión sobre el proyecto enviado por el Gobierno, entre ellos Alberto Seijas, presidente de la Cámara del Crimen, que firmó junto a sus pares la acordada que cuestionó la iniciativa.
A la reunión habían sido invitados también el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el referente del Colegio de Abogados de Buenos Aires Alejandro Fargosi, pero ambos postergaron su presentación para el martes próximo, según indicaron fuentes de las comisiones.
En la lista de invitados figuran, además de Seijas, el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle y Emanuel Desojo, presidente AJUS (Abogados por la Justicia Social) La Plata- Berisso-Ensenada. También concurrirán José Heredia, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, y el abogado especializado en asuntos penales Marcos Salt.
Además, se invitó a Alberto Garay, abogado magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y al abogado constitucionalista Alfredo Vítolo, miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (FORES).
La reunión dará continuidad al debate que se inició el pasado martes en el plenario de comisiones con la concurrencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien defendió el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández. Losardo aseguró que el proyecto apunta a lograr «un servicio de Justicia eficiente, eficaz y que la respuesta a los conflictos de los ciudadanos llegue en un plazo razonable» y resaltó que según el proyecto «las causas en trámite seguirán con el mismo juez».
La aclaración apuntó contra las críticas de la oposición, que considera que la iniciativa busca «la impunidad» de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las causas en su contra y que «no puede ser tratado de manera aislada» porque «está entrelazado con todas las cosas que están pasando».
Al respecto, el senador de Juntos por el Cambio Pedro Braillard Poccard indicó que una de esas cosas es «la feroz embestida contra el procurador general» en la comisión bicameral del Congreso y «la comisión asesora sobre una posible reforma de la Corte».
En este sentido, Braillard Poccard apuntó contra «el criterio de la oportunidad» para la presentación del proyecto y sostuvo que «la prioridad para la gente de cualquier provincia no es agregar un juzgado federal más» porque «la gente tiene incertidumbre por lo sanitario y por el tema económico».
«El proyecto es interesante, mucho más para la ciudad de Buenos Aires que para el interior. Pero técnicamente se pueden objetar muchas cosas. Una es por qué designar jueces cuando la figura central en el sistema acusatorio que se empieza a implementar son los fiscales», agregó Braillard Poccard.
La Cámara del Crimen consideró inconstitucional el proyecto
Los doce jueces que integran la Cámara del Crimen lanzaron ayer duras críticas sobre la reforma judicial que impulsa el Gobierno y por unanimidad coincidieron en que varios de los cambios que incorpora son inconstitucionales. Los magistrados, encabezados por su presidente Alberto Seijas, afirmaron en una acordada que el proyecto implica el completo desguace y desmantelamiento del centenario fuero”.
Omite toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes”, subrayaron los jueces, que consideran que la iniciativa enviada por el presidente Alberto Fernández al Congreso plantea la reforma del fuero federal con la intención política de licuar el poder de los jueces asentados en Comodoro Py.
«Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las juezas y los jueces Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del traspaso de las competencias locales», enfatizaron los magistrados, que además plantearon que no se sabe qué pasará con funcionarios y empleados judiciales.
La acordada que surgió tras un encuentro por videoconferencia lleva las firmas de los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.
Evaluaron que, de concretarse, la reforma supondrá «el traspaso completo de sus competencias al Poder Judicial de la Ciudad» y la «selección por el Consejo de la Magistratura y posterior acuerdo del Senado de 23 de jueces para cubrir como subrogantes igual número de nuevos juzgados que se proyecta crear».
«El fuero -computando también los tribunales orales- registra actualmente setenta y cinco vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que la ocupación de 23 jueces del fuero en las mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados federales ha de resentir la administración de justicia. Esto con el agravante de la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia, constituida por los hechos que en mayor medida afectan a los ciudadanos comunes, en tanto víctimas de homicidios, lesiones, despojos», indicaron en la acordada.
A la vez, evaluaron que otra «objeción, en tanto contraria a la Constitución y las Convenciones, merece la pretensión de privar a los tribunales del fuero de toda competencia y, consecuentemente, de jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de puesta en comisión de los jueces».
«Es indiferente que ello sea consumado a plazo -por cierto cercano- en tanto el proyecto lo supone como resultado inexorable, y no contiene recaudo alguno relativo a la continuidad de sus funciones», señalaron los magistrados, que evaluaron que «ello supone tanto la afectación a las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial, como un trato desigual hacia el conjunto de los jueces afectados».
A la vez, afirmaron que «el sistema de selección directa, independientemente de las mayorías que han de exigirse en el Consejo de la Magistratura o de la previsión del acuerdo del Senado, se aparta de la regla del sorteo, mecanismo fundamental de tal ordenamiento».
Y agregaron: «En suma, en el supuesto de conservar la Nación los recursos humanos de la Justicia Nacional, en lugar de desguazarlos, desperdigarlos y someterlos a una larga agonía funcional y disponerse a edificar nuevamente (como en 1992) sobre los cimientos de lo que se ha tenido por errado, podrá aplicarlos a la mejora de la Justicia Federal, cuanto menos para reforzar el juzgamiento de las modalidades delictivas enunciadas».
