En lo que fue considerada la primera señal de unidad legislativa de la oposición en la Unicameral provincial, ingresó un proyecto de ley impulsado por Marcelo Cossar (UCR) que reclama la declaración de la emergencia educativa para Córdoba. La iniciativa es acompañada por los bloques de Córdoba Cambia, Coalición Cívica-ARI y Encuentro Vecinal Córdoba.
Inspirado en la propuesta parlamentaria que a nivel nacional llevó al Congreso la diputada nacional del radicalismo, Brenda Austin, junto a 30 de sus pares, el proyecto solicita la emergencia educativa para la provincia de Córdoba” y considera a la educación como una actividad esencial”. El foco está puesto en los 130.000 niños, niñas y adolescentes que, se estima, quedaron fuera del sistema educativo provincial desde el inicio del aislamiento por falta de acceso a políticas de inclusión social, conectividad o a dispositivos y se encuentran en riesgo de abandono escolar.
El proyecto de la UCR logró la adhesión de Córdoba Cambia, CC-ARI y Encuentro Vecinal
La UCR recordó en un comunicado que ya en mayo pasado, Cossar había presentado otro proyecto para asegurar la inclusión educativa y el acceso efectivo a través de la entrega de dispositivos y paquetes de datos móviles a los alumnos de sectores críticos, pero la bancada oficialista de Hacemos por Córdoba, con abrumadora mayoría en el recinto, negó el tratamiento de la resolución. Hace poco, en oportunidad de la presentación de la plataforma Mi Aula Web”, Cossar volvió a insistir en que el problema para los chicos y sus familias, continúa siendo el acceso a conectividad y dispositivos, por lo que acusó al gobierno provincial de marketinear el abandono” escolar.
En el caso de la ley de emergencia educativa, solicita al Ministerio de Educación la implementación de políticas de abordaje del abandono o fracaso escolar, de apoyo pedagógico y nutricional, y acceso a conectividad y dipositivos. Esto incluye, liberar datos para que el acceso a plataformas educativas sea gratuito y entrega de becas de conectividad. También se han previsto respuestas para tres de los sectores más castigados por la cuarentena, como son los jardines maternales que trabajan con la primera infancia; los transportistas escolares; y los docentes suplentes, consideradas actividades de ingreso cero.