La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional afirmó que «la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático» y rechazó la idea de que el Congreso ejerza un «control cruzado» sobre el Poder Judicial, como planteó el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
«La Asociación de Magistrados se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que degraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que todos debemos construir», señaló.
A través de un comunicado de prensa firmado por las autoridades del organismo, encabezado por su titular, Marcelo Gallo Tagle, la asociación se refirió así al discurso del Presidente del 1 de marzo, cuando afirmó que el Poder Judicial «es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano» y cuando pidió que el Congreso Nacional «asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial».
En este sentido, «con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República» y poner el foco en «el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho», pidió al Poder Legislativo que asuma «su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial» que prevé la Constitución Nacional.
«Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado», subrayó el mandatario.
En tanto, en el texto difundido esta mañana, los magistrados señalaron que «la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático», y plantearon que, «sin ello, no hay República».
En cuanto al «rol cruzado» del Parlamento, los funcionarios judiciales sostuvieron que «el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional», y señalaron que «el contenido de las sentencias no puede caer bajo el novedoso concepto de control cruzado, ajeno al orden constitucional jurado».
Por último, la entidad señaló que coincide con el Presidente cuando afirmó que «vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando la democracia».
«Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de verdad, sin agravios y sin presiones», concluyeron los magistrados.
Al hablar ante la Asamblea Legislativa el lunes último, el Presidente había señalado que «el Poder Judicial de la Nación está en crisis» y que se trata del «único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano», con sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) que «disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad».
«Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone», enumeró.
