Tras varios meses de negociaciones con laboratorios y brokers internacionales para la compra de vacunas contra el Covid-19 por su cuenta, el gobierno de Córdoba ya cuenta con el instrumento legal para realizar estas operaciones, como ya hicieron otras provincias. Es que por abrumadora mayoría, la Legislatura provincial aprobó en su sesión de ayer una ley que establece los márgenes para la adquisición de las dosis y determina condiciones de confidencialidad, financiamiento, jurisdicción (ante posible conflicto de intereses) y alcance de las responsabilidades de las firmas productoras de vacunas.

Sobre el particular, el vicegobernador y presidente de la Unicameral, Manuel Calvo, destacó que “con la aprobación de esta ley, el gobierno de Córdoba podrá gestionar directamente la compra de vacunas contra el coronavirus. De esta manera, nuestra provincia avanzará más rápidamente en la inmunización de nuestra población”.

El proyecto fue sancionado por el oficialismo de Hacemos por Córdoba y contó con el apoyo de numerosos referentes de la oposición, aunque desde Encuentro Vecinal Córdoba y la Coalición Cívica se opusieron a algunos puntos del articulado. Por su parte, el Frente de Izquierda y el MST se abstuvieron de la votación subrayando principalmente las condiciones que establecen los contratos.

Durante el debate en el recinto, el titular de la bancada oficialista, Francisco Fortuna, aseguró que “estamos dotando al Poder Ejecutivo provincial de una herramienta idónea, simple, eficiente, para que pueda aprovechar las oportunidades y tratar de que las vacunas lleguen de la manera más pronta posible a nuestra provincia de Córdoba, para cumplir con los objetivos sanitarios”.

Fortuna rescató además que hasta la víspera, 1.258.727 ciudadanos cordobeses ya habían sido vacunados contra el Covid-19. “Eso ha significado un trabajo constante y permanente por parte de todo el sistema sanitario provincial de todos los niveles, con una clara participación de los gobiernos locales a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia”, señaló.

Por su parte, el parlamentario de la UCR, Marcelo Cossar, afirmó: “Valoramos sinceramente los consensos que hemos alcanzado en el debate de comisión del día de ayer (por el martes último) para la conformación de una comisión de seguimiento, ya no solo para la adquisición, sino para la distribución y el monitoreo de vacunas contra el Covid-19”.

El bloque de Juntos por el Cambio, en la voz de Elisa Caffaratti, planteó la necesidad de que se incluyera un apartado especial donde quede en claro cómo será la provisión de la segunda dosis pendientes en caso de que Córdoba consiga proveerse de vacunas. La aclaración hizo referencia a la posibilidad de que la Nación descuente vacunas del reparto para Córdoba. Desde el oficialismo indicaron que primará el sentido común y, en ese caso, seguirán recibiendo las dosis correspondientes para completar los tratamientos.

El articulado excluye la palabra “negligencia”

Cabe recalcar que el articulado final de la ley aprobada ayer en la Legislatura no incluye el término “negligencia” como causal de una acción penal contra un laboratorio y de exclusión de indemnidad patrimonial, tal como estaba previsto en el texto inicial que remitió el Ejecutivo hace dos semanas. Precisamente, ese término clausuró las posibilidades de un acuerdo para la compra entre el gobierno nacional y la firma Pfizer.

El texto le permite a la Provincia negociar con referentes de la industria farmacéutica, inclusive por desarrollos que aún no cuentan con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La nueva ley establece que el gobierno de Córdoba podrá gestionar “la adquisición de vacunas existentes a la fecha o que en el futuro se desarrollen”. No obstante, deberá ser ratificado por dicha entidad en caso de que llegue uno de esos lotes a la Provincia.