Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Senadores, en el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno insistirá con la privatización de Aerolíneas Argentinas y otras empresas del Estado que quedaron afuera del proyecto en el marco de la negociación en el Congreso.
«Todas las empresas del Estado son pasibles de privatización. En este impulso legislativo o más adelante, eso lo definirá la Cámara de Diputados», señaló en la habitual conferencia de prensa.
Lo cierto es que en el marco de los acuerdos para alcanzar el número en la votación particular de la ley, el Gobierno aceptó la eliminación de Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas públicas a privatizar. A la lista se sumaron el Correo Argentino y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA).
Al respecto, el funcionario nacional sostuvo que las empresas «tal como están no pueden seguir funcionando», y defendió la idea de privatizarlas al afirmar que el objetivo de la administración libertaria es «no es cerrarlas» sino «salvarlas».
«El ingreso de los capitales privados a empresas públicas es una manera de salvarlas», insistió al tiempo que reveló que la Cámara de Diputados tratará las modificaciones del proyecto durante la última semana de junio.
En otro pasaje de la conferencia, el portavoz responsabilizó a «la izquierda y al kirchnerismo» por los destrozos originados en las inmediaciones del Congreso, en el marco del tratamiento de la Ley Bases, y calificó el violento episodio como «un golpe de Estado del siglo XXI».
«Afuera del Congreso había terroristas queriendo llevarse puesta la democracia, que se arrogaban la representación del pueblo pero que jamás fueron votados por nadie», puntualizó, y enumeró: «Un total de 31 delincuentes fueron detenidos, y las organizaciones MST, PTS, Barrios de Pie, Evita y muchas otras van a pagar por los daños que causaron».
Por otra parte, remarcó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «logró reprimir con fuerza y contundencia lo que estaba ocurriendo en la calle» y contó que la Policía de la Ciudad trabaja en la identificaciones de los manifestantes que quemaron autos y ocasionaros destrozos.
Por último, prometió que el Gobierno «irá hasta las últimas consecuencias», y si bien especificó que «la tipificación se está analizando», subrayó que la decisión es que «todos tengan la pena máxima».
