A horas del Día de la Memoria, el Gobierno anunció ayer el envío al Congreso de un paquete de proyectos de ley para combatir la delincuencia y el narcoterrorismo que incluyen la modificación de la “Ley de Seguridad Interior” para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno hasta ahora vedadas, desafiando los acuerdos en la materia desde el regreso de la democracia.
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, anunciaron que la decisión fue adoptada a raíz de “la crítica situación en la ciudad de Rosario”, aunque las medidas trascienden largamente a la ciudad santafecina. El paquete incluye, en efecto, la habilitación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, el endurecimiento de penas para un amplio rango de materias (por ejemplo incluye prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos de calles) y el aumento de controles, entre otras iniciativas.
La propuesta consta de cinco proyectos: una iniciativa para combatir a Organizaciones Criminales (“Ley Antimafia”); otra sobre “Reincidencia y reiterancia”; una que prevé un “Registro de ADN ampliado a todos los delitos”; y una “Ley de Orden Público” que incluye penalidades a la organización de piquetes (además de la ampliación de las figuras de “legítima defensa” y “cumplimiento del deber” como justificación de la violencia policial, así como un aumento de penas para el “atentado y resistencia a la autoridad”, y la tipificación del bloqueo a empresas como delito), además de la modificación a la Ley de Seguridad Interior.
Petri aseguró que ante la detección de “actos terroristas”, cuya definición no aclaró, las Fuerzas Armadas quedarán habilitadas para intervenir sin represalias. La idea implica modificar la Ley de Seguridad Interior para “permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo”.
Petri aclaró que las fuerzas solo podrán intervenir “si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”. Entre las funciones que tendrán a su cargo las Fuerzas Armadas, en caso de que el proyecto sea aprobado, Petri mencionó “tareas patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediata intervención al juez y al fiscal interviniente”. También tendrán la “posibilidad de utilizar medios coercitivos”, anunció, “con las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad”; aunque estas acciones “no van a ser punibles” porque “van a ser consideradas en cumplimiento del deber”, finalizó.
En realidad, se trata de una serie de normas contempladas en la Ley ómnibus que, amparado en su carácter de urgencia, el Gobierno optó por enviarlas en un paquete acotado. Pero significa un cambio radical en el paradigma de control de la seguridad que sostiene nuestro país desde el regreso de la democracia.
Descartan el indulto para los genocidas
El ministro de Defensa, Luis Petri, descartó la posibilidad de liberar o darle prisión preventiva a los genocidas, como había trascendido en las últimas horas.
“No está en la agenda del Gobierno”, respondió escuetamente Petri ante una consulta, luego de que el miércoles participara de un acto en el Círculo Militar donde se denunció una “demonización de las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del ‘70” y se dijo que hay un “hilo conductor” entre el “combate al terrorismo del pasado” y la necesidad de actuar en Rosario.
También trascendió que el Gobierno difundirá el domingo un video donde fijará su posición sobre la última dictadura militar, en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Mientras por un lado habrá una marcha multitudinaria a la Plaza de Mayo para recordar a las víctimas del terrorismo del Estado, el Gobierno grabó un video a cargo del documentalista personal de Javier Milei, Santiago Oría.
