La Legislatura cordobesa aprobó en su sesión ordinaria de ayer un proyecto de ley que establece el diseño y estructura orgánica para poner en marcha un Ministerio Público de la Defensa, junto con la creación de cargos de un defensor y dos adjuntos designados de manera “inamovibles” por el Gobierno.
Sobre el particular, la legisladora del bloque Hacemos por Córdoba, Julieta Rinaldi, explicó que dicha normativa tiene por objeto “favorecer el acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la sociedad, mediante una asistencia jurídica integral y de calidad para aquellos ciudadanos que la requieran”.
Del mismo modo, recalcó que la ley “garantiza la independencia y autonomía funcional de este ministerio”, al precisar que “no se halla sujeto a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura”. Por su parte, en lo relativo a su organización, economía financiera y de recursos humanos, aclaró que dependerá del Tribunal Superior de Justicia.
El órgano se regirá sobre principios establecidos tales como unidad de actuación, priorización del interés de la persona asistida y las reglas de confidencialidad, gratuidad, celeridad y simplicidad en su función.
Al respecto, Rinaldi agregó que este nuevo ministerio “estará encabezado por un defensor general y dos defensores adjuntos designados por el Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de la Legislatura, además de ser integrado por los defensores públicos de diversos fueros”. “Fruto del trabajo en comisiones y de los aportes recibidos, se ha efectuado una modificación constitucionalmente relevante en materia de destitución del defensor general, ya que se contempla su eventual apartamiento por el procedimiento de Jurado de Enjuiciamiento”, aclaró la presidenta de la Comisión de Legislación General.
A su turno, el legislador Juan Manuel Cid (HpC) destacó que esta creación va en línea con las posturas manifestadas por los colegios profesionales que participaron de las comisiones, como así también del presidente del TSJ, Domingo Sesin, del fiscal general, Juan Manuel Delgado, y de la ministra de Justicia de la Provincia, Laura Echenique.
Cid, quien encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, indicó asimismo que la sanción es de conformidad a lo establecido por la Constitución en la reforma de 1994, que acepta la incorporación de esta clase de normas de rango constitucional supranacional, tal como lo sugieren la Organización de los Estados Americanos (OEA), o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El proyecto convertido en ley contó con el acompañamiento en general de las bancadas Hacemos por Córdoba, Córdoba Auténtica, Identidad Peronista y Juntos por el Cambio. En la votación en particular, estas últimas tres fuerzas se expresaron en contra del artículo 9. Asimismo, Identidad Peronista rechazó el artículo 22.
Objeciones de la oposición
Una vez sancionada esta ley, se fueron sucediendo algunos cuestionamientos por parte de referentes de la oposición en la Unicameral. Por caso, la legisladora del bloque Juntos UCR, Daniela Gudiño, advirtió: “A pocos meses de terminar su mandato el gobernador (Juan Schiaretti) crea el Ministerio de la Defensa: dejando un fiscal general y dos adjuntos en cargos vitalicios. Una acción innecesaria e inoportuna para la sociedad que reclama menos privilegios y más austeridad”.
Finalmente, los legisladores electos de Juntos por el Cambio también manifestaron en la víspera su rechazo a la creación del mencionado ministerio bajo el argumento de que se resolvió “a contramano de lo que necesitan los ciudadanos que se encuentran sumidos en una crisis económica y social”. Asimismo, indicaron a través de un comunicado que “no se traduce en una mejora del servicio de justicia ni resuelve los problemas que poseen los Asesores Letrados en la base, en la trinchera”. “En vísperas de un recambio de gobierno, y frente a los resultados electorales que diseñaron un nuevo equilibrio legislativo, fruto de la voluntad popular, pretender enquistar estructuras vitalicias es una actitud poco republicana, poco empática con la ciudadanía y que daña severamente la institucionalidad”, criticaron.
