El fiscal general José Luis Agüero Iturbe reclamó este lunes que se anule el fallo que de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan y calificó esa resolución como arbitraria.
«Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla», sostuvo el fiscal en el dictamen.
En su solicitud, Agüero Iturbe reconoció que en el juzgado de Dolores a cargo de Martín Bava se cometieron irregularidades. Sin embargo, destacó que la solución a esta situación no es el sobreseimiento dictado por los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.
Esos camaristas sostuvieron en su fallo del pasado 15 de julio que las maniobras investigadas como espionaje ilegal eran, en realidad, tareas de inteligencia habilitadas en el afán de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri.
En este sentido, precisó que Macri fue procesado en Dolores por hechos distintos a los que fue imputado. Por lo tanto, pidió que se anule el sobreseimiento, se anule el proceso y se vuelva a citar a indagatoria al exjefe de Estado.
«Los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación», sostuvo el fiscal y remarcó que, de esa manera, omitieron «considerar que ciudadanos comunes y corrientes (…) no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse”, sostuvo el fiscal.
Remarcó que, por el contrario, «se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos».
Las actividades de inteligencia habrían tenido, según la investigación, la particular finalidad de influir en la situación política e institucional del país, puntualmente en los reclamos que realizaban los allegados a quienes perdieron sus vidas en las embarcaciones mencionadas.
En diciembre pasado, el juez federal de Dolores, por entonces a cargo de la investigación, consideró que las acciones supuestamente cometidas -de obtención de información y producción de inteligencia- buscaban en definitiva influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento.
En primera instancia Macri había sido procesado al igual que los jefes que el designó en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes luego fueron beneficiados por los sobreseimientos dictados por la sala primera de la cámara Federal porteña.
