(Por Gabriel Tuñez, agencia Télam)
La hipótesis de que cuatro represores argentinos enviados a Sudáfrica, entre fines de los años 70 y principios de los 80, por la última dictadura cívico militar hubieran instruido a fuerzas armadas de ese país en la implementación de los «vuelos de la muerte» como un método de exterminio de opositores fue planteada en los últimos días por una investigación periodística.
«Si bien no hay ningún documento que pruebe que los argentinos le enseñaron los vuelos de la muerte a los sudafricanos, hay una hipótesis basada en la coincidencia de fechas: menos de un mes después de que (los ex marinos) Alfredo Astiz y Rubén Chamorro llegaran a la ciudad de Pretoria se produce el primer vuelo sudafricano con una mecánica igual a la que se había usado» en la Argentina, dijo a Télam el periodista Facundo Fernández Barrio.
Fernández Barrio es autor, junto a Miriam Lewin, quien desde 2020 se desempeña al frente de la Defensoría del Público nacional, de la nota «Los días más felices de los represores», publicada por la revista digital Anfibia.
El periodista cursa el Doctorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y como tema de investigación aborda «la circulación de represores argentinos de la Armada por otros países» durante la última dictadura.
«Entonces -comentó- sabía que Sudáfrica había sido uno de esos escenarios» a los que fue enviado un grupo de marinos, en coincidencia con la difusión internacional de denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina.
El trabajo de Fernández Barrio se unió al de Lewin, expresa política y autora en 2017 del libro «Skyvan, aviones, pilotos y archivos secretos», que repasa minuciosamente por medio de entrevistas, expedientes y pistas la utilización de los modelos de aviones Skyvan y Electra en los vuelos de la muerte, la siniestra forma de exterminio dispuesta por la dictadura consistente en arrojar dopadas a personas detenidas ilegalmente al Río de la Plata o al mar.
Esa investigación de Lewin, llevada a cabo junto al fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo, permitió en junio pasado la recuperación por parte del gobierno nacional de un Skyvan PA-51. La aeronave, que se encontraba en Estados Unidos y era utilizada por los represores al frente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), había partido del aeroparque «Jorge Newbery» el 14 de diciembre de 1977 para arrojar con vida al mar a un grupo de doce personas que habían sido secuestradas una semana antes. Entre ellas estaban las tres integrantes de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
Tras la aparición de «Skyvan, aviones, pilotos y archivos secretos», tomó contacto con Lewin el periodista sudafricano Michael Schmidt, que en 2020 publicó su libro «Death Flight. Apartheid’s secret doctrine of dissapearance» («Vuelo de la muerte. La doctrina secreta de la desaparición del apartheid»), en el que reconstruyó la historia de la «Delta 40», la unidad especial de las fuerzas sudafricanas encargada de los vuelos.
La investigación hecha por Schmidt afirmó que el primer vuelo de la muerte sudafricano fue llevado a cabo el 12 de julio de 1979 y que estuvo al frente el coronel Johan Theron. El avión sudafricano voló a 3.000 metros de altura y desde allí fueron arrojados al Océano Atlántico dos integrantes de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO). En Sudáfrica, los vuelos de la muerte se extendieron al menos hasta 1987.
En un juicio llevado a cabo dos décadas después, Theron admitió que a las víctimas de esos vuelos sudafricanos les inyectaban tranquilizante antes de subirlas a los aviones, mecánica idéntica a la usada en la ESMA.
«A fines de los 70, Theron y sus jefes de la Delta 40 viven en Pretoria, la misma ciudad a la que, un mes antes del primer vuelo de la muerte sudafricano, llegaron Chamorro y Astiz», destacó el texto de Anfibia.
«En la hipótesis más conservadora -señaló Fernández Barrio-, sería apenas una coincidencia de calendario que, en el momento exacto de la llegada del grupo de tareas de la ESMA a Sudáfrica, las fuerzas armadas sudafricanas empezaran a arrojar prisioneros desde aviones».
Fernández Barrio y Lewin comenzaron con la investigación periodística en 2021. Desde ese momento accedieron a informes de calificaciones de la Escuela de Estado Mayor de la Armada de Sudáfrica (South African Naval Staff College), en la que marinos sudafricanos reciben instrucción en estrategia y liderazgo para acceder a puestos de mando. Allí estuvieron, además de Chamorro y Astiz, los represores Jorge «Tigre» Acosta y Jorge Perren.
Los periodistas argentinos entrevistaron, vía videollamada, al contralmirante retirado sudafricano André Rudman, que había sido director de la SA Naval Staff College en 1980 y «supervisó y calificó a Acosta y Perren como cursantes en la Escuela».
«Sabemos que, además, de estos cuatro oficiales hubo un par de suboficiales que habían estado en la misma situación, pero que eran personas con cargos menores y que, posiblemente, viajaban como adosados», dijo Fernández Barrio acerca de la posible existencia de otros oficiales de la Marina argentina en Sudáfrica en la misma época.
La investigación publicada en Anfibia causó interés en ámbitos políticos y de los derechos humanos, comentó Fernández Barrio, porque «las misiones en Sudáfrica de los oficiales de la ESMA eran un tema del que se sabía el título. Es decir, no se sabía nada de lo que habían hecho, entonces en ese sentido es novedoso», aclaró.
El 30 de noviembre de 2017 la Justicia argentina condenó por primera vez a penas de prisión perpetua a los responsables de los vuelos de la muerte. La sentencia en la llamada megacausa ESMA, cuyo proceso se extendió durante más de un lustro, alcanzó a 29 implicados en delitos contra 789 víctimas. Lewin estuvo en la lectura del fallo junto a otros sobrevivientes de ese centro clandestino de detención, donde también la llevaron a ella.
El tribunal a cargo del juicio condenó, entre otros, a Astiz y a Acosta. Pero las sentencias más significativas fueron contra Mario Arru, Alejandro D’Agostino, Francisco Di Paola y Gonzalo Torres de Tolosa, condenados a perpetua por su responsabilidad material en los vuelos de la muerte.
En 1995, una investigación del periodista Horacio Verbitsky derivó en la publicación del libro «El vuelo».
Verbitsky entrevistó, entre otras personas, a Adolfo Scilingo, el primer oficial militar de la dictadura que admitió en público el terrorismo de Estado en la Argentina y describió cómo eran arrojados los prisioneros al mar.
En abril de 2005 Scilingo fue enjuiciado y condenado en España por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977. En 2020 fue beneficiado por un régimen de reinserción en la sociedad, que le permitió salir transitoriamente de la prisión.
Los vuelos de la muerte no fueron una práctica de exterminio exclusiva de la Armada. En julio de 2022 la Justicia condenó a los exmilitares del Ejército Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza y Eduardo Lance por su participación en los operativos que consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos-desaparecidos que estaban en centros clandestinos.
El tribunal dictó sentencia en los casos que tuvieron como víctimas a Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Estas personas fueron secuestradas entre 1976 y 1977, trasladadas al centro clandestino «El Campito», en Campo de Mayo, y allí torturadas. Finalmente las subieron a aviones y las arrojaron al mar o al Río de la Plata. Los cadáveres aparecieron en la zona de Punta Indio, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o en la costa Atlántica.
