La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba fue la primera organización gremial de nuestra provincia que salió a manifestar un «enérgico rechazo» hacia la decisión del gobierno de Javier Milei de enganchar la negociación de los aumentos salariales al presupuesto disponible, que por segundo año consecutivo fue prorrogado, por lo que seguirán siendo regidos por la ley de leyes de 2023.
Al respecto, el sindicato cordobés difundió en la víspera un comunicado a través del cual advirtió que «la Decisión Administrativa 1/2025 profundiza el ajuste sobre las y los empleados públicos, utilizando el equilibrio fiscal como argumento para restringir derechos laborales». «Este tipo de medidas limita la autonomía de las negociaciones paritarias, desconociendo la realidad inflacionaria que afecta gravemente el poder adquisitivo», consideró.
A continuación, ATE Córdoba exigió «una política salarial que priorice a las y los trabajadores, garantizando aumentos reales y dignos para quienes sostienen la estructura del Estado. Nuestro compromiso es seguir luchando por salarios justos y condiciones laborales equitativas». «¡Basta de ajuste sobre las y los estatales!», concluyó el gremio.
Como se recordará, los parámetros para la negociación salarial de los empleados estatales habían sido establecidos, por la administración de Milei, en febrero del año pasado y estaban vigentes hasta el pasado 31 de diciembre de 2024, pero con la prolongación dispuesta mediante la Decisión Administrativa 1/2025, publicada en el Boletín Oficial, seguirán rigiendo hasta finales del actual calendario.
La prórroga de la medida destinada a “optimizar los recursos del Estado Nacional y contar con pautas uniformes de negociación salarial”, según se argumentó, se debe a que el Ejecutivo consideró que, junto a otras iniciativas, marcó “un camino de reducción del gasto público sin perder el objetivo de optimizar los recursos y lograr un accionar más eficiente del Estado Nacional”.
En ese sentido, sostuvo que “resulta indispensable seguir por el camino trazado y prorrogar los lineamientos fijados, manteniendo durante el Ejercicio 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional que se adecuen a los objetivos mencionados y garanticen la equidad salarial”.
Entre otras pautas, se establece que las dependencias de la administración pública nacional deben negociar los salarios de acuerdo al presupuesto disponible, que por segundo año consecutivo fue prorrogado, por lo que seguirán siendo regidos por la ley de leyes de 2023.
