La Cámara Federal de Casación Penal se reunió hoy para definir la continuidad o no de la jueza Ana María Figueroa, una de las integrantes del cuerpo que resuelve casos de corrupción. El plenario continuará mañana, según le indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.
Figueroa, actual presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, cumplió 75 años, la edad límite que establece la ley para aquellos que ejercen como magistrados. Por eso, mientras aguarda una definición del Senado sobre si la habilita o no a seguir un plazo de cinco años más, el Cuerpo comenzó a definir su futuro en un plenario.
La jueza no renunció, pero actualmente no ejerce funciones y el presidente de la Nación Alberto Fernández envió el pliego a la Comisión de Acuerdos que lo trató y dio dictamen favorable. Pero la Cámara alta nunca lo trató y está pendiente sobre si continúa o no en su cargo.
Paralelamente, es que se da este otro proceso en el propio cuerpo de Casación. Ya cinco integrantes del organismo le informaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sobre la edad límite que alcanzó la jueza y que ella ha adoptada no firmar más fallos a la espera de la culminación del trámite en el Senado.
En esa Cámara el pliego está trabado producto de la oposición de Juntos por el Cambio para convalidarlo, al considerar que es una jueza cercana al kirchnerismo. Figueroa tiene junto a sus pares de sala la definición de los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces, donde están denunciados Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia. En ese caso, la sala de Casación debe resolver si confirma o no los sobreseimientos que se dictaron en el caso desde el Tribunal Oral que debía hacer el juicio.
Proyecto de Juntos por el Cambio
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y Álvaro González presentaron un proyecto de Ley sobre el cese de los magistrados a los 75 años, reglamentando así lo establecido por el artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional.
Ese apartado dispone que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesan en sus cargos al cumplir 75 años, salvo que sean previa y nuevamente designados. Esa nueva designación requiere del acuerdo del Senado y no puede extenderse por más de cinco años, según el texto constitucional.
Al respecto, Tonelli sostuvo: «Evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación».
«Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad», agregó el referente de la coalición opositora.
En este sentido, el proyecto determina en su artículo 3° que el mismo día que el juez cumpla la edad de 75 años o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación, si previamente no ha sido designado de nuevo, perderá su condición de magistrado y dejará de percibir la remuneración correspondiente a su cargo.
Asimismo, deberá dejar la oficina que utilice y perderá todos los derechos inherentes a su condición de juez en actividad.
Finalmente, González dijo: «Este proyecto viene a dejar de forma clara lo que expresa nuestra constitución en el artículo 99, inciso 4. Queremos con este proyecto evitar interpretaciones especulativas según la conveniencia. Y que, el precepto constitucional, se interprete tal cual fue su espíritu. Es decir, los jueces que cumplen 75 años de edad cesan en sus funciones ese mismo día, salvo que hayan obtenido el acuerdo de Senado para una nueva designación por cinco años más».
