La ley de financiamiento universitario que el presidente Javier Milei anunció que vetará obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales, programas de Ciencia y Tecnología y Extensión Universitaria.
Luego de que el Senado convirtiera en ley esa iniciativa en la madrugada del viernes 13 de septiembre, Milei confirmó que haría un veto total de la reforma, lo que provocó la movilización de hoy, el segundo de ese sector después de la Marcha federal del 23 de abril último.
El Presidente tiene plazo hasta mañana para vetar la ley, y no es casualidad que los gremios universitarios hayan convocado a la Marcha Federal Universitaria para este miércoles.
El epicentro es en la Plaza de Congreso, pero la movilización se replica en 50 ciudades del país, y además de gremios docentes y no docentes, centros de estudiantes, y ciudadanos independientes, participan gremios de la CGT y la CTA, movimientos sociales y agrupaciones políticas que van desde la izquierda, el kirchnerismo, un sector de la UCR y la Coalición Cívica, entre otras fuerzas.
En cuanto a salarios, la iniciativa establece la obligatoriedad de recomponer lo perdido desde el 1 de enero de 2024, además de actualizar los ingresos hasta el 31 de diciembre de forma mensual, de acuerdo a la variación de precios informada por el INDEC. Para el resto de los ítems se estipula una actualización bimestral.
La ley, de no vetarse, generaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Desde noviembre del 2023 los salarios docentes cayeron un 23,7% en términos reales, en tanto que la situación de los ingresos de investigadores y residentes es más grave y la caída oscila en torno al 40%.
Por otra parte, en los primeros ocho meses del año las transferencias a universidades cayeron un 30,1% contra el mismo período del año pasado, y además, en lo que va de 2024, no hubo ejecución de partidas para gastos de capital.
Los gremios universitarios denuncian una caída drástica de sus ingresos reales de entre el 35 y el 55%, y por eso vienen de rechazar la propuesta de aumento adicional del 5,8% para octubre que hizo el Ministerio de Capital Humano.
El Ministerio de Capital Humano inició una fuerte campaña de desacreditación de quienes impulsan la protesta e informó que un docente de dedicación exclusiva gana 1.400.000 pesos, mientras que un auxiliar no docente con antigüedad llega a un salario de un millón de pesos, bastante por encima de la canasta básica.
