La Legislatura de Córdoba comenzó la sesión para la aprobación en segunda lectura del Presupuesto 2026, un debate atravesado por el déficit de la Caja de Jubilaciones y el financiamiento del sistema de salud provincial, en un contexto de creciente conflicto con los gremios estatales. El oficialismo alineado con el gobernador Martín Llaryora impulsó una serie de iniciativas que amplían las facultades del Poder Ejecutivo para modificar los aportes de los trabajadores de la administración pública.
Entre los proyectos enviados a la Unicameral figura la posibilidad de aumentar hasta cuatro puntos porcentuales los aportes personales a la Caja de Jubilaciones si se declara la emergencia previsional. Desde el Gobierno justifican la medida por la situación “crítica” del sistema, con un déficit estimado en más de 800 mil millones de pesos para 2026. Los sindicatos estatales, que ya expresaron su rechazo, anunciaron nuevas protestas en contra de la iniciativa.
Además, podría tratarse un incremento del 2% en los aportes destinados a la obra social Apross, que se sumaría al 4,5% vigente. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca garantizar la sustentabilidad financiera, los gremios advierten sobre un impacto directo en salarios afectados por la inflación.
En paralelo, la Comisión Previsional analiza proyectos vinculados al 82% móvil y a la fijación de topes jubilatorios, anticipando un debate de fuerte impacto político y social.
