Integrantes de bloques de la oposición del Concejo Deliberante presentaron este martes por la mañana una denuncia ante la Justicia provincial. Piden que se investiguen presuntas maniobras de cobro ilegal en las áreas municipales de habilitaciones, inspecciones y controles comerciales. La presentación toma como punto de partida una investigación periodística, pero también incorpora la causa en curso conocida como «Bomberos».
El escrito lleva la firma de Javier Fabre y Elisa Caffaratti, de la Unión Cívica Radical; Graciela Villata, del Frente Cívico; Soher El Sukaria, del PRO; y Jessica Rovetto Yapur, de Cordobeses por la Libertad. El texto aclara que no se acusa a ninguna persona en particular, sino que se pone en conocimiento del Ministerio Público Fiscal «una serie de hechos de posible relevancia penal».
El Sukaria dialogó con Hoy Día Córdoba y explicó que desde el Concejo agotaron las herramientas administrativas y legislativas para que el tema se aborde con urgencia. La concejal agregó: «mientras esperamos una respuesta, seguimos relevando información sobre otras situaciones que consideramos de interés público».
El origen de la denuncia
Los concejales basan su presentación en una investigación publicada el 20 de junio de 2026 por el diario La Voz del Interior. Esa nota describe presuntas maniobras sistemáticas de cobro de pagos ilegales por parte de inspectores municipales y de otras personas vinculadas a las áreas de control y habilitación comercial.
Según el texto de la denuncia, la publicación hace referencia a pagos periódicos conocidos informalmente como «la semanal», que tendrían como fin evitar clausuras o inspecciones desfavorables. También menciona presuntos circuitos de recaudación provenientes de comercios sometidos a control municipal, la intervención de dependencias de habilitaciones y espectáculos públicos, testimonios de particulares que dicen haber recibido pedidos de dinero, y antecedentes judiciales de inspectores investigados por hechos similares.
El Sukaria explicó que ese hecho no es el único elemento de la denuncia. Según relató, el escrito señala la existencia de una causa judicial en curso —la llamada «Bomberos», a cargo del fiscal Guillermo González— en la que un imputado que obtuvo un juicio abreviado y una pena reducida habría declarado sobre funcionarios de la Municipalidad y del Ente de Fiscalización y Control que recibieron beneficios económicos indebidos.
La concejal indicó que esa declaración existe en sede judicial, pero que ellos no tienen acceso a ella porque forma parte de un expediente reservado. «Por eso es que pedimos que el fiscal actuante tome vista de esa causa con urgencia y convoque a ese testigo», afirmó.
El vínculo con el caso Agostina Vega
La denuncia sostiene que la repercusión de la nota periodística de base «toma mayor dimensión en razón del caso del femicidio de Agostina Vega que conmueve a la Argentina», además de los hechos ocurridos después. Entre ellos, cita la intimidación sufrida por Ezequiel Hormaeche Actis, presidente del Ente Municipal de Fiscalización y Control, quien habría recibido dos balas sobre su escritorio tras realizar controles nocturnos.
Para los firmantes, la gravedad institucional de los hechos relatados «excede el interés meramente periodístico» y podría configurar delitos contra la Administración Pública. En esa línea, El Sukaria sostuvo: «nuestra posición no es simplemente denunciar y esperar, estamos convencidos de que el problema de fondo es estructural: el sistema actual de control concentra demasiado poder discrecional en pocas manos, sin mecanismos efectivos de trazabilidad ni rendición de cuentas».
