El conflicto entre el gobierno provincial y el Tribunal de Cuentas escaló este lunes a un nuevo capítulo, tras la conferencia de prensa en la que los ministros Miguel Siciliano (Vinculación y Gestión Institucional) y Juan Pablo Quinteros (Seguridad) salieron al cruce del fallo que bloqueó la contratación de un sistema de drones de última generación para la Policía.
La polémica gira en torno a una licitación por 6,8 millones de dólares –algo más de 10.000 millones de pesos– para equipar a una nueva división con 15 drones de alta tecnología. El Tribunal de Cuentas, organismo de control con mayoría opositora, frenó el avance del expediente, desatando las duras críticas del Ejecutivo.
La defensa del gobierno de Llaryora
En una exposición cargada de tono político, el ministro Siciliano trazó una línea divisoria clara. “Una cosa es controlar y otra es obstruir”, señaló, argumentando que detrás de las observaciones del Tribunal no hay objeciones técnicas, administrativas o legales, sino una “decisión política” para impedir avances en seguridad. “No se observa corrupción ni sobreprecios; se cuestiona la conveniencia de gobernar”, afirmó.
Por su lado, Quinteros defendió el procedimiento, describiéndolo como una licitación “abierta, pública y transparente” con más de 70 pasos administrativos previos a la adjudicación. Remarcó que se busca un “sistema tecnológico integrado” para reforzar las capacidades operativas de la fuerza.
A continuación, el ministro de Seguridad cargó con particular dureza contra su ex partido, al que acusó de actuar con “clara intencionalidad política” al frenar la compra. Expresó sentir “vergüenza” y contrastó la situación con el equipamiento incautado al narcotráfico.
“Los delincuentes tienen tecnología de punta, incluidos drones con visión nocturna, y nosotros no podemos combatirlos con herramientas obsoletas”, advirtió Quinteros, calificando la actitud opositora de “miserable y alarmante”. Insistió en que impedir la adquisición es “funcional al delito organizado”.
El Tribunal pidió que se haga una nueva licitación
Desde el Tribunal de Cuentas, el vocal juecista Beltrán Corvalán sostuvo que lo que está “flojo de papeles” es el expediente presentado por el Ejecutivo. Su principal objeción radica en la estructura de la licitación: 29 ítems distintos –que incluyen drones, antenas, software y cursos– agrupados en una sola contratación, con un único oferente.
“Si vos ponés 29 ítems en una sola contratación, creemos que se trata de una licitación a medida, un saco a medida para que se presente un solo proveedor”, explicaron. Sostuvieron que esta modalidad viola la ley de contrataciones públicas y genera sobreprecio.
Corvalán aclaró que no se oponen a la compra de drones ni de tecnología para la seguridad, como han avalado en expedientes anteriores. Solo exigen que el gobierno provincial se ajuste a la legalidad. “Hagan una nueva licitación, por favor. Gobernador, lea la ley”, fue el mensaje directo. “Nosotros actuamos de acuerdo a lo que establece la ley. En definitiva, estamos cuidando los dineros públicos”.
