La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, realizó este viernes un allanamiento simultáneo en varias dependencias de la Legislatura de Córdoba como parte de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones de personal. El operativo judicial, autorizado por el juez de Control Gustavo Hidalgo, se extendió por varias horas y permitió el secuestro de documentación sustancial vinculada a contratos laborales, normativas internas y reglamentaciones que gobiernan estas modalidades de empleo en la Unicameral.
La pesquisa actual constituye un desprendimiento directo de la causa principal donde Guillermo Kraisman permanece imputado por defraudación a la administración pública. El origen de esta investigación se remonta al intento fallido de cobro ilegítimo realizado por Kraisman junto a Luciana Castro, quienes pretendían percibir el primer sueldo correspondiente a Virginia Martínez, empleada contratada en diciembre pasado por la Legislatura provincial utilizando su documento de identidad.
Con respecto al operativo, contó con la participación coordinada de efectivos de la Policía de Córdoba, especialistas de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal y técnicos de la Unidad de Equipos de Computación de Policía Judicial, según dio a conocer Perfil.
Las reacciones
Desde el entorno directo de la vicegobernadora Myrian Prunotto manifestaron a La Voz su disposición de colaborar con la justicia, asegurando que se facilitó «toda la información solicitada» y enfatizando su interés en que «se llegue hasta las últimas consecuencias» en la investigación. No obstante, fuentes legislativas consultadas por el mismo medio revelaron que el allanamiento generó desconcierto y malestar entre el personal administrativo y legislativo, muchos de los cuales afirmaban no tener conocimiento previo del procedimiento judicial.
El bloque de la Unión Cívica Radical, a través de un comunicado oficial, expresó su «máxima preocupación institucional» por los hechos y criticó duramente el «manejo cuestionable de los recursos públicos». Su presidente, Matías Gvozdenovich, anunció la presentación inmediata de un pedido de informes detallado para conocer los alcances específicos del procedimiento y la identidad de los funcionarios potencialmente involucrados, reclamando «transparencia absoluta y acceso irrestricto a la información pública».
