Un ambicioso proyecto para dotar a la Policía de Córdoba con la flota de drones de vigilancia más potente del país se encuentra paralizado, sumergido en un profundo conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. La iniciativa, anunciada con bombos y platillos en mayo del año pasado, prometía revolucionar el patrullaje con la creación de la división Svant (Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados), pero ha topado con una barrera legal y política que deja en vilo su implementación.
El plan involucraba una inversión de aproximadamente 7 millones de dólares para adquirir un paquete tecnológico integral: 15 drones de largo alcance, equipados con cámaras, radares y sistemas de reconocimiento facial, tres vehículos de control móvil adaptados, todo el software necesario y la capacitación de 40 agentes, incluyendo cursos en Brasil y Uruguay. El objetivo era claro: permitir el monitoreo a distancia de puntos ciegos, operativos antiterroristas, eventos masivos y establecimientos penitenciarios, poniendo a la provincia a la vanguardia nacional en seguridad tecnológica.
Sin embargo, tras un largo proceso administrativo que culminó con una preadjudicación en septiembre, la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas –integrada por Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva– decidió rechazar la licitación a fines de diciembre. El eje de su rechazo radica en la modalidad de contratación. Los vocales sostienen que al agrupar los 29 ítems en un único «renglón» o paquete, se impidió la libre concurrencia de múltiples proveedores especializados en cada componente, configurando, a su entender, una licitación «a medida» para el único oferente que se presentó, la UTE Vantac SAS-Huinoil SA.
Las objeciones, no obstante, van más allá del aspecto formal. En su dictamen, la vocal Fernanda Leiva cuestionó la necesidad misma de una tecnología de tal envergadura, argumentando que resulta «redundante» con otros sistemas de vigilancia existentes y calificándola de «sobredimensionada» y de «casi grado militar». Incluso se aventuró a cuestionar la «oportunidad» del gasto en un contexto de ajuste, apartándose de un estricto control de legalidad para entrar en valoraciones de mérito y conveniencia.
Esta postura ha desatado una furiosa réplica desde el oficialismo. La vocal minoritaria, Silvina Rivero, y el Ministerio de Seguridad acusan a los vocales opositores de haber transformado el control de legalidad en un control político, obstruyendo estratégicamente los expedientes del ministro Juan Pablo Quinteros, un exjuecista incorporado al gobierno de Martín Llaryora. Defienden a ultranza el modelo de compra integral, explicando que es el único viable para garantizar la compatibilidad de todos los componentes y el éxito operativo de un sistema tan complejo, basándose en experiencias similares de países como España, Estados Unidos y Chile.
El impasse ha generado un enfrentamiento directo sobre las atribuciones de cada poder. Mientras el Tribunal de Cuentas insiste en sus observaciones, el Gobierno provincial las considera jurídicamente insuficientes y una invasión a las facultades del Ejecutivo para definir políticas de seguridad. La provincia, que esperaba tener los drones surcando sus cielos, se ve así inmersa en una pulseada que trasciende lo técnico y se instala en el corazón de la disputa política cordobesa, sin que por el momento se vislumbre una salida clara.
Después de los cruces en X, conferencia de Quinteros
Durante la tarde de ayer, los encargados de prensa del gobierno y los principales voceros del juecismo se “tirotearon” con munición gruesa en la red social X. Por el lado del oficialismo, el gobernador Llaryora y los ministros Siciliano y Quinteros fueron los encargados de afirmar que “hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”.
No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida. Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de CORRUPCIÓN a los que su administración nos tiene acostumbrados.… https://t.co/VNn3YPn0vp
— Luis Juez (@ljuez) January 25, 2026
No demoró la respuesta de parte del creador del espacio hoy alineado con el presidente Milei. El senador Luis Juez le respondió directamente al mandatario provincial: “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida. Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de corrupción a los que su administración nos tiene acostumbrados. Para mañana a primera hora, está prevista la conferencia de prensa del ministro de Seguridad.
