En una respuesta contundente a la presentación judicial realizada por la empresa concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba, los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la provincia emitieron un comunicado este martes 13 de enero, donde rechazan la criminalización de sus protestas y ratifican su plan de lucha contra la reforma previsional impulsada por el gobernador Martín Llaryora.
Tras la denuncia penal presentada por Caminos de las Sierras, basada en el artículo 194 del Código Penal por el supuesto entorpecimiento del transporte terrestre en el peaje de la autopista Córdoba–Carlos Paz, las organizaciones sindicales manifestaron un «enérgico repudio» a lo que consideran un intento de disciplinamiento.
Desde el arco gremial aseguraron que la medida de fuerza fue una «acción de visibilización» llevada adelante de manera pacífica y que, contrario a lo denunciado por la empresa, no se impidió en ningún momento la libre circulación, garantizando el derecho al tránsito de los conductores. «Frente al ajuste, la protesta social no es un delito: es la única herramienta que tenemos las y los trabajadores para defender el salario y una jubilación digna», señalaron en el comunicado.
El trasfondo de la disputa es el rechazo a la ley de ajuste previsional de la provincia, la cual, según denuncian los sindicatos, incrementa los aportes de los activos y reduce los haberes de los jubilados, consolidando una «licuación» de los ingresos. En este sentido, los gremios exigen:
- La derogación inmediata de la mencionada ley provincial.
- Que el Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, devuelva de manera urgente los fondos previsionales adeudados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Un punto crítico en la respuesta gremial fue la denuncia de censura en medios públicos de Córdoba. Los representantes de los trabajadores señalaron que se dio de baja la difusión de sus reclamos previstos para los festivales de verano, lo que calificaron como un «grave ataque a la libertad de expresión» y al pluralismo informativo.
El comunicado cuenta con el respaldo de una amplia coalición que incluye al SEP, UEPC, Suoem, Luz y Fuerza (Cba, Regional y Río Cuarto), Bancarios, Judiciales y Sadop, entre otros. Las organizaciones advirtieron que no se dejarán amedrentar por denuncias ni recortes y que continuarán con las movilizaciones y acciones legales necesarias para frenar el ajuste.
Cabe recordar que, mientras los gremios apuestan a una mesa de diálogo, desde el sector empresarial se mantiene la preocupación por la posibilidad de que se repitan protestas sorpresivas en otros puntos de la Red de Accesos a Córdoba en los próximos días,.
