La Municipalidad de Córdoba presentó este domingo una denuncia penal por los hechos de público conocimiento que interfieren en el normal funcionamiento del transporte público de pasajeros. La situación afecta particularmente a los corredores 2, 5 y 7, y a las líneas 600 y 601.
En la presentación judicial, el Municipio también manifestó su voluntad de constituirse como querellante particular, en su carácter de “ofendida penal” por los hechos constatados.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, afirmó que lo ocurrido no responde a un problema operativo, sino que se trata de “un sabotaje directo contra los cordobeses” y de “una maniobra extorsiva que deja a miles de vecinos a pie”. Asimismo, señaló que la instrucción del intendente Daniel Passerini es “aplicar las sanciones más severas que contempla el marco regulatorio”.
“Nuestra prioridad absoluta es que el servicio se normalice de inmediato. Estamos trabajando con equipos técnicos y legales para garantizar la salida de las unidades. No vamos a permitir que la oscuridad de unos pocos le gane al derecho de todos a circular”, concluyó Fernández.
