La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, mantuvieron una reunión con representantes de organismos de Derechos Humanos de Córdoba (Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S.) y familiares querellantes en la causa que investiga enterramientos clandestinos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
Durante el encuentro la Ministra comprometió el apoyo del Gobierno Provincial para garantizar la continuidad de la investigación, frente a las dificultades que atraviesa la misma por la falta de fondos que disponen los juzgados federales que intervienen en la causa.
La reunión, que se enmarca en una respuesta al pedido de las familias querellantes y de la Comisión que agrupa a organismos de DDHH y representantes de la sociedad civil, se concretó en la sala de reuniones del Ministerio de Desarrollo Humano.
Previamente la Ministra junto a la Secretaria había mantenido una reunión con el juez federal N°3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la causa, y con el secretario Miguel Ceballos.
Tanto frente al Juez de la causa como ante los organismos y familiares querellantes la Ministra ratificó la decisión del Gobierno de la Provincia que encabeza Martín Llaryora de aportar los recursos materiales y logísticos necesarios para avanzar en la búsqueda de restos de personas desaparecidas, donde se encuentra el predio del ex Centro Clandestino de Detención “La Perla”.
Esta acción se enmarca en las hipótesis surgidas a partir de las investigaciones desarrolladas en el marco de la causa conocida como Enterramientos Clandestinos.
Desde la Provincia, sostuvieron que la reunión avanzó en torno al «compromiso histórico y sostenido del Gobierno de Córdoba con las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia», además señalaron que esto «representa una decisión concreta frente al actual contexto de desfinanciamiento nacional en causas por crímenes de lesa humanidad en el país».
La colaboración del Estado provincial busca garantizar el avance de una causa iniciada en 1998 y que hoy representa una de las últimas oportunidades de encontrar a personas desaparecidas, ante el paso del tiempo y la pérdida de testimonios y evidencias.
En el marco del encuentro, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, afirmó que “la firme defensa de la memoria y los Derechos Humanos es una política transversal de Estado, sostenida en diálogo permanente con la sociedad civil y con quienes han llevado adelante, durante décadas, la búsqueda de verdad y justicia”.
Repercusiones
“Los querellantes de la causa Enterramientos Clandestinos, que somos familiares de víctimas, asesinados y secuestrados que pasaron por el sitio de La Perla, somos 26 y siempre estuvimos muy acompañados por Tamara Pez y Leandro Nieva de la Secretaría de Derechos Humanos y por la ministra Liliana Montero, que se pusieron a disposición no sólo para favorecer los elementos materiales que se necesitan para avanzar en la investigación sino por entender que es una deuda de Córdoba la búsqueda de los cuerpos insepultos de nuestros familiares. Yo quiero dejar constancia de eso. Los querellantes estamos muy conformes con el acompañamiento que se viene haciendo desde el Ejecutivo”, señaló Soledad García, querellante y miembro de la Asociación de Ex Presos Políticos.
Por su parte, Patricia Chalup, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba y también querellante, calificó la reunión como muy positiva, y señaló: “La ministra nos manifestó que la Provincia va a acompañar con la búsqueda y recibimos con mucha satisfacción esta respuesta en un contexto de regresión a nivel nacional en materia de DDHH, porque si bien, en principio, quien tiene la responsabilidad de acompañar y de gestionar la logística es el Consejo de la Magistratura, al no tener seguridad de tener respuesta con ellos, acudimos a la Provincia.
Valoramos mucho todo lo que tiene que ver con el mantenimiento en Córdoba de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”.
En tanto, María del Carmen Torres, también querellante, destacó en el mismo sentido la decisión de la Provincia de prestar el apoyo para la investigación. “Creemos que es fundamental encontrar los medios y las formas para que la Justicia federal avance en este sentido y la ciudadanía cordobesa toda pueda saber dónde están sus muertos”, declaró.
