El conflicto salarial entre los empleados del Poder Judicial de Córdoba y el Gobierno provincial ingresó en una etapa decisiva. Mientras continúa la negociación por el impacto de la Ley de Equidad Jubilatoria sobre los haberes, el Ejecutivo confirmó que habilitó las partidas presupuestarias para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) liquide el incremento salarial del 2,6% dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con retroactividad al mes de abril.
La medida fue informada este viernes por el Ministerio de Justicia y Trabajo, que además actúa como nexo entre el Gobierno de Martín Llaryora y las autoridades del TSJ, encabezadas por Domingo Sesín. A su vez, la Secretaría de Trabajo, dependiente de esa cartera, interviene en el conflicto mediante una conciliación voluntaria entre las partes.
En ese marco, representantes de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial volvieron a reunirse este viernes en la Secretaría de Trabajo, aunque el encuentro concluyó sin avances significativos. Las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el lunes, jornada en la que se espera que el Ejecutivo presente una propuesta concreta para compensar el efecto que tuvo el aumento de los aportes personales a la Caja de Jubilaciones, que en algunos casos representa hasta ocho puntos porcentuales adicionales.
El incremento del 2,6% anunciado por el Gobierno alcanzará a empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial provincial. La decisión también busca responder al malestar expresado por jueces, fiscales y funcionarios, quienes desde hace semanas realizan protestas los martes y jueves para reclamar la equiparación salarial con sus pares de la Justicia nacional.
Si bien una ley provincial vigente desde 2012 establece que los salarios de los magistrados cordobeses deben representar el 90% de los ingresos de los jueces federales, ese porcentaje se redujo tras el incremento de los aportes jubilatorios. Actualmente, según plantean los reclamantes, sus haberes equivalen al 77% de los salarios nacionales.
Otro de los puntos que permanece sin resolución es el descuento de los días de paro realizados durante el conflicto. El gremio que conduce Federico Cortelletti condicionó cualquier acuerdo a que esas quitas no se apliquen.
Además, el sindicato fijó un plazo para alcanzar una solución. Advirtió que, si entre el lunes y el martes no se logra un entendimiento, retomará las medidas de fuerza a partir del miércoles en todas las dependencias judiciales de la provincia.
