El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó el proyecto de Presupuesto Provincial 2027, una iniciativa orientada a profundizar el alivio tributario para familias, comercios y sectores productivos en medio de un complejo escenario económico nacional.
De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo a través del comunicado oficial, las nuevas disposiciones sumadas a la continuidad de los beneficios del ejercicio previo —que representaron $900.000 millones— permitirán que un total acumulado de $1,5 billones permanezca en la economía de los contribuyentes cordobeses. Esta política fiscal se pone en marcha frente a un diagnóstico oficial signado por más de diez meses consecutivos de retracción en la recaudación provincial, el cierre reportado de más de 3.000 establecimientos comerciales y la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo en el territorio cordobés.
En materia tributaria para los hogares, la medida central radica en una significativa disminución del Impuesto Inmobiliario Urbano que alcanzará a la totalidad de las propiedades de la provincia. El 97% de los inmuebles urbanos accederá a una reducción del 30% en la tributación, mientras que el 3% restante registrará una rebaja del 5%. Adicionalmente, el programa provincial ratificó la vigencia de los descuentos para contribuyentes cumplidores, garantizando un 30% de bonificación por Ciudadano Cumplidor —beneficio que alcanza al 62% de los contribuyentes del Inmobiliario e implica un esfuerzo presupuestario estatal de $217.885 millones— y un 15% suplementario por pago en Cuota Única, equivalente a un alivio adicional de $23.105 millones. Entre ambos incentivos a la equidad tributaria, la masa total de beneficios destinados al cumplimiento voluntario superará los $240.990 millones, manteniéndose asimismo las exenciones absolutas para adultos mayores, personas con discapacidad, beneficiarios de vivienda social y entidades comunitarias.
Para las unidades productivas y de servicios, el esquema 2027 contempla una baja de la alícuota general del Impuesto a los Ingresos Brutos del 4,75% al 3,50%, lo que representa un recorte de 1,25 puntos porcentuales. A su vez, se ampliará el régimen de alícuota reducida incorporando a 40.000 nuevos contribuyentes a los 70.000 existentes, logrando que un total de 110.000 pequeños y medianos emprendimientos —equivalentes al 58% del padrón— tributen con tasas preferenciales. La propuesta incluye además la continuidad de la alícuota del 0% para el sector agropecuario e industrial mediante el programa de Mera compra y los regímenes de Promoción Industrial.
Como novedad legislativa, el gobernador Martín Llaryora enviará un proyecto de Ley de Promoción del Comercio para extender el mecanismo de Impuestos por Inversión al sector comercial, a la par que se fijó una reducción del 50% en el Impuesto Automotor para unidades de transporte público de pasajeros, taxis, plataformas digitales de movilidad y vehículos adaptados para pacientes crónicos o personas con discapacidad.
Para sostener el equilibrio fiscal sin descuidar las funciones esenciales en este marco de menores ingresos tributarios, la administración provincial aplicará un estricto criterio de contención del gasto que incluye un recorte del 40% en las erogaciones destinadas a publicidad oficial. Los recursos públicos optimizados se focalizarán de manera prioritaria en la inversión de las áreas de salud, educación, seguridad y programas sociales orientados a contener a los sectores más vulnerables.
En el plano de la obra pública, la Provincia garantizó el flujo de fondos para concluir la totalidad de los proyectos de infraestructura actualmente en ejecución, al tiempo que implementará un filtro altamente restrictivo para la autorización de nuevos emprendimientos, priorizando únicamente aquellos calificados como de carácter estratégico para el desarrollo regional.









