Ante el repliegue de los envíos financieros desde el Estado Nacional, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó esta mañana del martes 5 el programa «Córdoba Sostiene». Se trata de un fondo de contingencia por 2.000 millones de pesos destinado a garantizar la operatividad de instituciones de discapacidad, un sector que atraviesa una urgencia grave en todo el territorio provincial.
Según explicó en el Lagarto Show, la iniciativa busca frenar el cese de actividades de organizaciones como Apadín y el Cotolengo, ya que muchas entidades se encontraban al borde del cierre por la falta de pago de las prestaciones nacionales. El mandatario provincial describió que la situación prestacional es crítica, definiéndola como una «emergencia social total», e indicó que debieron redirigir fondos propios para cubrir la urgencia diaria de estas entidades.
«Ese fondo lo tuvimos que replantear justamente para que el mismo fondo sirva para la diaria frente a estos dos incumplimientos», explicó Llaryora sobre la necesidad de reorientar el dinero para asegurar sueldos e insumos básicos.
Reclamos legales y conflicto con el PAMI
Llaryora denunció un incumplimiento sistemático de la Ley de Discapacidad por parte de la administración central, sumado a una deuda estimada en 5.000 millones de pesos, sin contar intereses, por parte del Pami. El conflicto más grave se registró en la localidad de Marcos Juárez, donde 5.500 adultos mayores quedaron sin cobertura médica tras el cierre de la clínica que operaba como prestadora principal.
Ante la falta de respuesta nacional, el sistema de salud provincial debió expandir sus instalaciones y contratar más personal. En el hospital local se incorporaron nueve camas y nuevas ambulancias, mientras que los casos más complejos son derivados a centros médicos de Bell Ville y Villa María.
Sobre la relación con el Ejecutivo Nacional, el gobernador remarcó que no mantiene comunicación directa con el Presidente desde octubre y manifestó que las medidas recientes muestran un nivel de desconocimiento y crueldad sin precedentes hacia el interior del país.
«Las provincias y los municipios no pueden suplir lo que la Nación ha dejado de hacer, de pagar o de efectuar», subrayó Llaryora, al tiempo que confirmó que el distrito acudió a la Corte Suprema de Justicia para exigir el pago de las transferencias correspondientes a la Caja de Jubilaciones.
Sostenimiento provincial frente a la crisis
Para afrontar el escenario de nueve meses consecutivos de caída de ingresos y el incremento del 45% en el presupuesto sanitario, ocasionado por la migración de ciudadanos desde las prepagas y obras sociales hacia el sistema público, el Ejecutivo cordobés implementó diversas medidas de austeridad que le permitieron conservar el superávit financiero.
Además de la construcción de dos nuevos hospitales en la Capital y en Bell Ville, la administración local continúa subsidiando el 100% del Boleto Educativo en todos los niveles para evitar la deserción escolar y extendió el alcance de la asistencia alimentaria a través del programa Paicor.
