El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, oficializó este martes la creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor tras la promulgación de la Ley N.° 11.125. Esta nueva herramienta estratégica, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N.° 58, tiene como propósito central el financiamiento de proyectos innovadores y el fortalecimiento de los emprendimientos dinámicos basados en el conocimiento en todo el territorio provincial.
Para el ejercicio del año 2026, el fondo contará con una partida presupuestaria de hasta 10.000 millones de pesos. Estos recursos se integrarán principalmente mediante la afectación de hasta el 0,5% de la recaudación anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sumado a posibles aportes de organismos internacionales, donaciones y fondos generados por la propia operatoria de la inversión en el mercado de capitales.
La normativa establece que el fondo busca transformar la matriz productiva de la provincia, incorporando tecnologías que generen valor agregado y soluciones a problemas locales con alto impacto social y económico. Además, la ley pone especial énfasis en el desarrollo territorial equilibrado, promoviendo que la innovación alcance a todas las regiones para favorecer el arraigo y el crecimiento de empresas tecnológicas fuera de los grandes centros urbanos.
En cuanto a la gestión y transparencia, se dispuso la creación de un Comité de Inversión encargado del análisis y selección de los proyectos, el cual contará con el respaldo técnico de un Consejo Asesor Ad Hoc. Este último cuerpo estará integrado por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico y empresarial, quienes emitirán recomendaciones para asegurar que las inversiones cumplan con los estándares de excelencia requeridos.
Finalmente, la jornada legislativa también incluyó la promulgación de la Ley N.° 11.127, la cual introduce modificaciones en la Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia. Esta reforma actualiza la conformación de las Comunidades Regionales, permitiendo la integración de legisladores provinciales a sus comisiones y facultando la designación de administradores para optimizar la gestión en el interior cordobés.
