El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, ratificó su decisión de avanzar sobre presuntos focos de corrupción dentro de la administración municipal y anunció una serie de medidas vinculadas al control de habilitaciones comerciales, la fiscalización de la actividad nocturna y la depuración de la planta de personal.
Durante una extensa entrevista, el jefe comunal afirmó que existe una “estructura de poder oscuro” instalada desde hace años en el municipio y sostuvo que una de sus prioridades es desmontar esos mecanismos que, según denunció, favorecieron prácticas irregulares dentro de distintas áreas.
“Se llevó años instalar una estructura de poder oscuro en la Municipalidad de Córdoba y está llevando tiempo desarmarla”, señaló Passerini, quien aseguró estar decidido a erradicar conductas deshonestas dentro de la administración pública. En ese sentido, cuestionó el patrimonio de algunos agentes municipales y afirmó que existen casos que no se corresponden con los ingresos percibidos por los empleados.
Auditoría tras el caso Agostina
Uno de los ejes centrales de sus declaraciones estuvo vinculado al femicidio de Agostina y a las investigaciones sobre el funcionamiento de locales nocturnos.
El intendente confirmó que se pondrá en marcha una auditoría integral para revisar más de 7.000 habilitaciones comerciales en un plazo de 90 días. La tarea estará a cargo de una unidad especial que trabajará con apoyo de fuerzas policiales y organismos de control.
Además, adelantó que impulsará modificaciones normativas para impedir que establecimientos clausurados por actividades ilícitas vuelvan a funcionar bajo otra razón social. La propuesta apunta a bloquear directamente el inmueble donde se detectaron irregularidades reiteradas.
Passerini también puso el foco en los pequeños comercios barriales y sostuvo que gran parte de las denuncias vinculadas a la venta ilegal de alcohol y drogas se concentran en kioscos y locales de cercanía que operan durante la noche.
Exoneraciones y controles más estrictos
En materia de transparencia interna, el intendente informó que ya fueron exonerados 119 empleados y funcionarios municipales, de los cuales 91 habían ingresado durante el período comprendido entre 2003 y 2007.
También destacó el aporte realizado por una inspectora que declaró ante la Fiscalía de Delitos Económicos y habría brindado información sobre presuntos pedidos de coimas y levantamiento irregular de clausuras.
Entre las nuevas medidas de control, Passerini confirmó que los agentes municipales deberán someterse a narcotests periódicos cada seis meses y presentar certificados de antecedentes. La exigencia alcanzará además a funcionarios políticos de la administración.
Investigación por carnets ilegales
Otro de los temas abordados fue la causa por la presunta venta de licencias de conducir irregulares en la escuela de tránsito de Corral de Palos.
El intendente explicó que se inició una investigación administrativa paralela a la causa judicial y justificó el pedido de renuncia a funcionarios del área al detectar inconsistencias en los controles internos y en las planillas de asistencia vinculadas al caso.
Amenazas y respaldo al Ente de Fiscalización
Passerini también respaldó públicamente la labor del Ente de Fiscalización y Control y de su titular, Ezequiel Ormache, quien, según reveló, fue víctima de graves amenazas.
El mandatario municipal aseguró que desde la creación del organismo se multiplicaron las inspecciones y clausuras, y sostuvo que las acciones de control generaron resistencia de sectores afectados por las medidas.
“Nosotros no hacemos la vista gorda; somos denunciantes y también recibimos amenazas”, afirmó.
Balance del estacionamiento medido
Por último, el jefe comunal evaluó positivamente la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad. A un mes de su puesta en marcha, aseguró que el esquema funciona correctamente y destacó la ausencia de cuidacoches en las zonas alcanzadas por la medida.
Las declaraciones del intendente se producen en un contexto de fuerte atención pública sobre los mecanismos de control municipal y las investigaciones judiciales que involucran tanto habilitaciones comerciales como presuntos hechos de corrupción dentro de la administración local.
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