El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, dispuso el pasado viernes 19 mediante un decreto la creación de la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública. El nuevo organismo tiene como objetivo central optimizar la fiscalización de los espectáculos nocturnos y la seguridad en la capital provincial.
La medida gubernamental se implementa en medio de las repercusiones por el femicidio de Agostina Vega, cuya investigación judicial derivó en detenciones y en las clausuras de los bares Wachitas, Malibú y Luzbelito, ubicados en el barrio Nueva Córdoba.
La flamante dependencia no requiere la conformación de nuevas estructuras administrativas. Su función primordial radica en agilizar la respuesta estatal a través de procedimientos de inspección unificados y simultáneos. De esta manera, las autoridades municipales proyectan ejecutar operativos de saturación durante un plazo inicial de 90 días sobre establecimientos comprendidos en el Código de Espectáculos Públicos y locales abiertos las 24 horas. Con estas intervenciones se busca mitigar la contaminación acústica, la ocupación indebida de veredas y el funcionamiento irregular de comercios.
Denuncias de irregularidades
El intendente Daniel Passerini vinculó las problemáticas de la nocturnidad con herencias de administraciones previas y redes de favores. “Durante años, a la Municipalidad ingresó gente que usó su poder político para generar actividades nocturnas ilegales que se mantuvieron durante mucho tiempo”, afirmó el jefe comunal.
Al ser consultado sobre el caso del bar Wachitas, el mandatario local especificó que dichos espacios obtuvieron sus permisos en gestiones anteriores de manera irregular, lo cual dotó a los propietarios de derechos administrativos que hoy dificultan los impedimentos de reapertura.
Ante este panorama, el titular del Palacio 6 de Julio adelantó que la semana próxima enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para modernizar las normas de habilitación. La iniciativa legal buscará evitar que un establecimiento clausurado por actividad ilegal pueda reabrir sus puertas mediante artilugios burocráticos o cambiando de nombre en el mismo inmueble.
Asimismo, el mandatario cordobés advirtió sobre la existencia de intimidaciones hacia el personal municipal en el marco de las fiscalizaciones recientes y ratificó la decisión firme de no permitir nuevas actividades ilícitas en las zonas afectadas, sin descartar cesantías de empleados públicos vinculados a los expedientes sospechosos.
Integración de la mesa de coordinación mixta
El nuevo esquema de control unifica los recursos de diferentes dependencias públicas y sectores de la sociedad civil para garantizar la transparencia de los procedimientos. Por parte del Ejecutivo municipal, forman parte el Ente de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Administrativo de Faltas, en conjunto con representantes del Concejo Deliberante.
A nivel provincial, se coordina el trabajo operativo directo con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y las fuerzas de seguridad correspondientes. Por último, la estructura incorpora la participación de universidades públicas y privadas, colegios profesionales y cámaras empresariales, con la alternativa de sumar apoyo técnico de organizaciones gremiales y sindicales. Los datos obtenidos en las fiscalizaciones servirán también para confeccionar un diagnóstico actualizado sobre la densidad comercial nocturna en cada barrio, insumo que se utilizará para diseñar futuras directrices de zonificación residencial.
