Tras más de diez horas de debate, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone cambios en los procedimientos de desalojo y en el régimen de expropiaciones.
La votación terminó con 37 votos a favor y 33 en contra, por lo que el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para continuar allí su tratamiento.
Los tres senadores que representan a Córdoba en la Cámara Alta se repartieron entre ambas posiciones.
Luis Juez, de La Libertad Avanza, y Carmen Álvarez Rivero, también alineada con el oficialismo nacional, votaron a favor de la iniciativa y acompañaron la media sanción.
En tanto, Alejandra Vigo, del bloque Provincias Unidas, se pronunció en contra del proyecto y quedó entre los 33 senadores que rechazaron la propuesta.
De esta manera, la delegación cordobesa no tuvo una postura unificada frente a una iniciativa que el Gobierno considera clave para reforzar las garantías sobre la propiedad privada.
Qué propone el proyecto
El texto aprobado en el Senado establece modificaciones sobre distintos aspectos vinculados con la protección de la propiedad privada. Durante el tratamiento, el oficialismo decidió retirar los artículos que planteaban cambios en la Ley de Tierras y también desistió de avanzar con modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Uno de los puntos centrales que permaneció en la iniciativa está relacionado con los desalojos judiciales. El proyecto busca acelerar los procedimientos para que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles y contempla la posibilidad de que, bajo determinadas circunstancias, un juez ordene la restitución de una propiedad antes de que concluya el proceso judicial.
Para ello, el magistrado deberá considerar que el derecho invocado por el propietario se encuentra suficientemente acreditado.
Otro de los ejes de la iniciativa es la modificación del régimen de expropiaciones. El proyecto establece mayores condiciones para que el Estado pueda disponer de una propiedad privada y amplía los conceptos que podrían ser considerados al momento de establecer la indemnización correspondiente.
Además del valor del inmueble, el propietario podría reclamar una compensación por los ingresos o beneficios económicos que considere que dejó de percibir como consecuencia de la expropiación.
Desde el Gobierno nacional sostienen que los cambios apuntan a fortalecer el derecho de propiedad y aportar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los propietarios.
La oposición, en cambio, cuestionó distintos aspectos de la iniciativa y advirtió que el nuevo régimen podría elevar los costos de las expropiaciones y generar dificultades para la realización de obras públicas que requieran la adquisición de terrenos privados.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto deberá ahora ser tratado por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate antes de definir si finalmente se convierte en ley.
El Gobierno aprobó la ley de propiedad privada, pero tuvo que quitar otro capítulo
