El Gobierno de Córdoba anunció un Plan de Reducción de Impuestos para 2026, que prevé una baja tributaria estimada en $900.000 millones, según lo expuesto por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, durante la presentación del Presupuesto Provincial en la Legislatura.
La normativa, que requiere doble lectura para su aprobación, contempla reducciones y exenciones en los principales tributos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, con especial foco en pequeños contribuyentes, sectores productivos, inversores y actividades clave como educación, salud, industria y agricultura.
Ingresos Brutos: baja de alícuotas y beneficios para inversiones
Uno de los ejes centrales del plan se concentra en el Impuesto a los Ingresos Brutos. La propuesta contempla una reducción de la alícuota para pequeños comercios, que pasaría del 3,5% al 2,5%. Según datos oficiales, este segmento representa más de la mitad del comercio cordobés.
El esquema también incorpora alícuota cero para empresas que facturen menos de $3.200 millones y realicen inversiones por al menos el 1,2% de sus ingresos, dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial. Además, plantea exenciones de hasta 100% a quienes invierten en el Noroeste y Sur-Sur como parte de la Ley de Igualdad Territorial. La Provincia destina a este programa hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, con una asignación de hasta $154.000 millones.
Según explicaron desde la Provincia, incorpora la continuidad del esquema de Alícuota 0 para inversiones en educación y lanzamiento del Programa Alícuota 0 para el sistema de salud.
Además, plantea exenciones para actividades agrícolas, industria promovida, créditos hipotecarios y rubros vinculados a la economía del conocimiento.
De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, estas medidas implicarían que la Provincia deje de recaudar alrededor de $450.000 millones.
Inmobiliario Urbano: sin aumentos reales y más exenciones
En cuanto al Impuesto Inmobiliario Urbano, el Gobierno afirma que no habrá aumentos por encima de la inflación proyectada. La actualización general máxima será del 29%, aunque una parte importante de los contribuyentes tendría reducciones nominales o quedaría con montos congelados:
- 41% de los contribuyentes (500.000 personas) tendrá reducciones nominales de hasta 25% respecto de lo que pagaron en 2025. Con moneda actualizada, esa reducción se eleva hasta el 54%.
- 11% de los contribuyentes (150.000 aproximadamente) pagarán nominalmente lo mismo que en 2025. En este caso, en moneda real tendrán una reducación del 29%.
- 21% de los contribuyentes (250.000 aproximadamente) tendrán una actualización del 29%. En términos reales no tendrán aumento.
- El 27% de los restantes contribuyentes (310.000 aproximadamente) tendrán actualizaciones menores al 29%, por lo que en términos reales también pagarán menos que en 2025.
También se confirmaron exenciones totales para unas 175.000 personas e instituciones. Se mantienen beneficios: 30% por contribuyente cumplidor y 10% por pago de contado. Entre los argumentos oficiales, se menciona que el impacto fiscal de estos cambios representaría $200.000 millones menos de ingresos provinciales «que permanecerán en manos de familias y comercios».
Inmobiliario Rural: acuerdo con entidades y beneficios focalizados
El Impuesto Inmobiliario Rural se actualizará mediante un índice acordado con las entidades agropecuarias. Entre los beneficios incluidos figuran descuentos para contribuyentes cumplidores, estímulos para productores que trabajan sus propios campos y bonificaciones vinculadas a Buenas Prácticas Agropecuarias.
La reducción prevista para este tributo rondaría los $250.000 millones, según cálculos oficiales.
- Nuevo descuento del 5% los propietarios productores con la finalidad de promover que ellos trabajen sus campos.
- Descuento del 30% por contribuyente cumplidor.
- Beneficios por Buenas Prácticas Agropecuarias.
- Descuento por tope del 29%
- Alícuota 0 a la mera compra (instituido el año pasado)
- Exenciones a entidades sin fines de lucr
- Exenciones por bosques nativos, zonas protegidas y áreas declaradas zonas de desastre agropecuarios.
Un debate abierto sobre el impacto económico
Si bien el Gobierno plantea que el plan busca “dinamizar la economía, incentivar inversiones y aliviar la presión fiscal”, el verdadero alcance de estas medidas dependerá de su aprobación en la Legislatura y de cómo evolucione la actividad económica en 2026.
Analistas del sector advierten que una baja significativa en la recaudación puede comprometer la disponibilidad de recursos para políticas públicas, aunque también reconocen que un alivio impositivo podría estimular consumo y producción en un contexto recesivo.
Por lo pronto, el proyecto abre un debate en torno a la estructura tributaria provincial y a cuál es el equilibrio posible entre recaudación estatal y alivio fiscal para ciudadanos y empresas.
Los cordobeses vienen haciendo un esfuerzo inmenso: ajustan gastos, sostienen sus negocios, trabajan y producen sin bajar los brazos. Ese sacrificio nos inspira y nos obliga.
Tomando la previsión del Gobierno Nacional de un crecimiento del 6% para 2026, apostamos a ese horizonte… pic.twitter.com/WnoAjqv4Kd
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 14, 2025
