El escándalo que generó la revelación de la cumbre de un grupo de jueces federales con ejecutivos de Clarín, ex espías de la Side y funcionarios porteños en la estancia de Lago Escondido tuvo fuertes repercusiones, al punto que el presidente Alberto Fernández lo calificó ayer como “un claro caso de dádivas”.
El escándalo fue tal que la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, al ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke (directivo de Clarín) y al ex funcionario de la Side Leonardo Bergroth de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas; por lo que pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que active una serie de medidas de prueba para investigar las circunstancias del viaje que hicieron el 13 de octubre pasado a esa ciudad.
Se trata de una acción significativa, ya que la fiscal aparece mencionada en el presunto grupo de chat de los involucrados como una posible colaboradora para archivar la causa o derivarla a Comodoro Py, donde tendrían fuerte influencia. La fiscal impulsó la investigación 42 días después de haber recibido la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, luego de que trascendiera el chat y fotografías del aeropuerto de Bariloche donde se ve a los acusados (los cuatro jueces y dos funcionarios de JxC) ser recibidos por los directivos de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, que habrían pagado el viaje.
En su dictamen, la fiscal señala que la compañía “Hidden Lake S.A” –que regentea la estancia del empresario británico Joe Lewis en Lago Escondido- solo emitió facturas a los funcionarios públicos con posterioridad al alojamiento y no a los directivos de Clarín, y sugiere que esto podría deberse a la necesidad de demostrar que no existió un regalo a los funcionarios -lo que es ilícito-, estrategia que los propios involucrados acuerdan utilizar en los chats revelados para justificar el escándalo.
Vale recordar que en esos audios, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques señala a sus interlocutores que habló con la fiscal Etchepare y que ella “ofreció mandar la causa a Py”, en alusión a que había buena predisposición de su parte para no comprometerlos con la causa. Pese a eso, el gobierno nacional denunció a los jueces involucrados y a otros participantes del viaje privado en la fiscalía de Bariloche, por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”; mientras que a los funcionarios de Clarín (Rendo y Pablo Casey) y al ex espía Bergroth los denunció por “ofrecimiento de dádivas”. Entre otras pruebas, solicitó que la Justicia ordene “la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”; algo que no figura entre las primeras medidas pedidas por la fiscal Etchepare a la jueza Domínguez.
“La realidad es que lo que vimos da asco, no hay otra forma de explicarlo: da asco ver a jueces, fiscales, funcionarios, metidos en esa trama, es algo que asquea”, consideró ayer el presidente Fernández, quien aseguró que se trata de “un claro caso de dádivas”. Como antecedentes, podría citar que en 2021, el juez Carlos Mahiques firmó el cierre de la causa por la venta de las tierras en Lago Escondido a Lewis; en 2016, su par Ercolini sobreseyó a Héctor Magnetto (CEO de Clarín y Telecom), en la causa Papel Prensa; y en febrero de 2015, Cayssials suspendió la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios.
Investigan el caso de espionaje ilegal
El presunto hackeo del teléfono móvil del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que reveló el supuesto chat que mantuvo con el grupo de jueces federales y directivos del Grupo Clarín para ocultar el viaje privado que realizaron en octubre al sur del país, derivó en la apertura de al menos cuatro investigaciones penales.
Según reveló la prensa, una causa se tramita en la Justicia porteña, dos en los tribunales federales de Comodoro Py, y la tercera en el sur del país. Las primeras alarmas se encendieron el 19 de octubre, cuando D’Alessandro detectó que había perdido el control de su teléfono inteligente, por lo que denunció un hackeo ante la Justicia porteña. Tras la difusión pública de parte del contenido de su teléfono, la pesquisa se encuadró como “difusión no consentida de material privado”, una contravención.
