La crisis de gobernabilidad que atraviesa la gestión de Alberto Fernández continuó en el centro del debate en el arranque de la semana a partir de las declaraciones de referentes de la principal fuerza opositora como respuesta a la acusación que lanzaron diputados del Frente de Todos (FdT), que advirtieron sobre una serie de “hechos muy claros” que configuran una “acción sistemática de desestabilización política y económica”.
La diputada María Eugenia Vidal aseguró que “ningún dirigente de JxC (Juntos por el Cambio) ha pedido adelantamiento de elecciones, ni se ha pronunciado en ese sentido”. “Las voces de alarma provinieron del oficialismo (…) no es JxC el que está desestabilizando a este Gobierno”, señaló la ex gobernadora bonaerense.
En tanto, Patricia Bullrich le pidió al Gobierno que asuma “que está destruyendo la Argentina” al tiempo que descartó dialogar con el oficialismo ante un posible acuerdo nacional porque no hubo “llamado formal” y “no hay gobierno”. Pese a las duras acusaciones, la titular del PRO aseguró ayer que desde su espacio no harán un pedido de “juicio político al presidente de la Nación”, como el que puso en marcha el diputado libertario José Luis Espert. “Nadie lo ha planteado”, señaló Bullrich, pero expresó: “Queremos que el Gobierno termine (su mandato) pero si no termina no es nuestra responsabilidad”. Un día antes, Gerardo Milman, el diputado del PRO cercano a Bullrich, había asegurado que “está el riesgo de que se provoque una crisis institucional”.
Por el lado del FdT fue el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien aseveró que Fernández “fue elegido en 2019 y termina su mandato en 2023”. Luego coincidió en que un sector de la oposición “intenta aprovechar esta corrida y este hostigamiento producto de que el mercado quiere devaluar con connotaciones políticas (…) porque intentan generar un clima que el peronismo va a denunciar”.
Mientras que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su apoyo al Gobierno y rechazó la actitud antidemocrática de algunos dirigentes que buscan “desestabilizar” al país. Asimismo señaló que hay cierta complicidad con los medios hegemónicos y el Poder Judicial. “Aquellos que atentan contra la democracia son justamente los que han destruido y fundido el país y que tienen la desvergüenza de opinar como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad”, sostuvo.
Sobre el momento que enfrenta la Argentina se refirió en la víspera Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay en dos oportunidades (1985-1990 y 1995-2000) y analista de la política internacional. En su visión, “es un desperdicio que Argentina caiga siempre en estas crisis con todo lo que tiene en cuanto a capacidades humanas y materiales”. “¿Por qué tiene que estar cayendo recurrentemente en crisis financieras, monetarias y cambiarias que nos hacen un enorme daño a todos?”, se preguntó el ex mandatario uruguayo.
Dos jueces federales investigan a Rico por sus declaraciones
Dos jueces federales resultaron sorteados para intervenir en las denuncias presentadas por “amenaza de rebelión” contra el ex militar carapintada Aldo Rico, a raíz de sus dichos en un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas.
El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de una denuncia presentada por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, en tanto que su par Sebastián Casanello resultó sorteado ante la presentación que había hecho el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
Abramovich denunció a Rico por presunta “amenaza de rebelión” a raíz de la difusión a través de la plataforma digital Youtube de “un extenso mensaje dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas denominado ‘Aldo Ribo convoca a veteranos. La patria está en peligro’”.
Por otro lado, la denuncia que presentó Pietragalla en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió investigar a Rico “ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas”.
