El presidente del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, cuestionó la decisión del juecismo de rechazar en el Tribunal de Cuentas de la Provincia la ejecución del Presupuesto 2023, el último año de Juan Schiaretti al frente del Ejecutivo cordobés.
El referente oficialista en la Unicameral dijo que se trata de un capítulo más de la serie de “obstrucciones” que el gobierno de Martín Llaryora “soporta” desde que asumió. “No nos llama la atención; para nosotros es normal que se opongan a todo lo que nuestro gobierno hace. Es lo que el juecismo viene haciendo desde que asumieron en el Tribunal de Cuentas y en la Legislatura: obstruir”, expresó.
Tras detallar que “en 2023 la Provincia arrojó un superávit de $ 95.600 millones”, dato que es parte de la cuenta de inversión rechazada por el organismo de control, Siciliano explicó que “en el periodo de 2016 a 2023 la Provincia hizo obras por más de U$S 8.000 millones, cuando la deuda creció U$S 240 millones; es decir, se hicieron trabajos de los que hoy se benefician todos los cordobeses, por U$S 7.700 millones”.
Como se sabe, la determinación del cuerpo que ejerce el control técnico de las cuentas provinciales es tan inédita como novedosa por el hecho de que el organismo esté en manos de la oposición. En efecto, el ajustado resultado de las elecciones de junio de 2023, si bien llevó a Llaryora a la Gobernación, no le permitió tener el control de la Legislatura y, peor que eso, dejó al Tribunal de Cuentas bajo el control del juecismo.
Con ese complejo entramado político de fondo, el organismo dirigido por Beltrán Corvalán rechazó el informe que, como todos los años, presentó el Ejecutivo detallando uno a uno los gastos e inversiones que se llevaron a cabo el año pasado con los recursos asignados por la Ley de Presupuesto.
El informe, de casi 50 páginas y elaborado por la Secretaría de Fiscalización y por la Fiscalía General del Tribunal de Cuentas, recomienda a los legisladores, por mayoría, la no aprobación de los números provinciales del año pasado, reveló ayer el diario La Voz del Interior. Es la primera vez en décadas que ese cuerpo le dice a los legisladores que no aprueben la cuenta de inversión. Aunque también es inédito el hecho de que el organismo de control esté en manos opositoras. El informe objeta numerosos elementos de la ejecución del Presupuesto 2023. En especial, hace foco en el plan de inversión.
Sobre ese tema, el organismo cuestiona que el 49,9% de las inversiones fuera ejecutado por organismos que componen la administración descentralizada, canal que, según el cuerpo, evade instrumentos legales de adjudicación que no fueron sometidos al control preventivo del Tribunal de Cuentas.
En efecto, la Provincia canaliza gran cantidad de obras a través de Caminos de las Sierras, una sociedad anónima bajo el control del Estado provincial. “En el caso de los aportes de capital que el Gobierno de la Provincia transfiere a Caminos de las Sierras, el Tribunal de Cuentas sólo interviene preventivamente el instrumento legal que lo origina, no teniendo control posterior sobre el destino de los fondos”, dice el informe.
Respecto de las obras a cargo de Caminos y que contrata la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif), el informe del Tribunal de Cuentas hace numerosas objeciones.
“Cuenta de almacenero”
Consultado al respecto, Luis Juez, la respuesta fue dura: “Es una cuenta de almacenero”. En diálogo con Chingónenvivo, el senador nacional habló de “falta de transparencia” y de “una vara muy baja en transparencia pública, en rendición de cuentas y en seguimiento de los gastos del Estado” por parte del peronismo cordobés. “Si un contador presenta eso a la Afip, tiene problemas”, agregó.
Siciliano, por su parte, recordó que “fue el propio Juez quien, en campaña, dijo que, en caso de ser gobernador, Osvaldo Giordano, el ex ministro de Economía de Schiaretti y quien condujo este informe, iba a ser su ministro; o sea que cuando estaba en campaña, Giordano era el mejor ministro y hoy dice que es un mamarracho”. “Claramente, ante cualquier cuenta de inversión, como se hubiera presentado, la respuesta habría sido ‘no vamos a acompañar’”, finalizó.
El dictamen del Tribunal, con la mayoría juecista recomendando rechazarlo y la minoría oficialista, aprobarlo, irá a las comisiones y luego será tratado en el recinto.
Cuestionamientos a políticas
El ex ministro Giordano, hoy presidente del Ieral, explicó que “la Cuenta de Inversión es un documento que consolida y resume la información contable de todo el sector público provincial”. “Permite evaluar de manera general la gestión financiera del gobierno y corroborar que los recursos han sido gastados o invertidos en los programas previstos en el presupuesto”, agregó.
Según el ex funcionario, la información “cumple con todas las disposiciones de la Ley de Administración Financiera y de las Normas Contables Profesionales” , en tanto que los controles realizados por el HTC han verificado la razonabilidad de los saldos que presentan las cuentas incluidas en los Estados Contables de la Cuenta de Inversión 2023.
“La mayoría de los cuestionamientos no se refieren a la calidad y rigurosidad de la información que contiene el documento, sino que son cuestionamientos a políticas públicas. Es decir, no son cuestionamientos a la Cuenta de Inversión sino a determinadas políticas que aplicó el Gobierno”, amplió.
Y se explayó: “Por ejemplo, se cuestiona la creciente participación del IIB en la recaudación total. Lo que no considera es que Córdoba es la provincia que más bajó Ingresos Brutos a lo largo de los últimos años. La pérdida de participación de los impuestos patrimoniales no es consecuencia de que aumentó Ingresos Brutos, sino de que la aceleración inflacionaria licuó este tipo de impuestos”.
Giordano dice que el informe también critica el aumento en los ingresos por Rentas de la Propiedad que derivan de inversiones que hizo la Provincia a los fines de preservar el valor de sus ahorros. “Estas inversiones, que son el resultado de superávits que se fueron acumulando, operan como un Fondo Anticíclico, tema que también cuestiona el informe del Tribunal de Cuentas”, dice el economista.
Por último, dice que “se cuestiona que se registren correctamente los préstamos que le da la Provincia a la Caja para cubrir sus desequilibrios”. “Esta registración es la más aconsejable ya que cuando la Caja recupere las deudas de la Anses (controversia que está en consideración de la Corte) con esos fondos que ingresen la Caja podrá cancelar sus deudas con la Provincia”, finalizó.
