La legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU) denunció penalmente a Oscar González por “malversación de recursos públicos y falseamiento malicioso de documentos públicos”.
“Lo que vimos en las últimas semanas sobre este impune dirigente es realmente insultante para el pueblo cordobés. Oscar González cometió todo tipo de delitos antes, durante y después del crimen vial que protagonizó contra Alejandra, Alexa y Marina y eso es lo que denuncié”, explicó la legisladora provincial sobre su acción legal.
“Tanto la utilización discrecional de vehículos asignados por el TSJ para actividades que nada tenían que ver con su función legislativa, como la licencia de conducir obtenida en un lugar sin registro de antecedentes y las increíbles mentiras sobre el valor de sus bienes en sus declaraciones juradas, constituyen delitos. Es claro que este hombre debería estar preso e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos”, agregó la dirigente.
Sobre la declaración jurada del histórico dirigente peronista, Echevarría consideró que aquella “es un verdadero escándalo”. Al respecto, la representante de izquierda aseguró que González “declaró que el lujoso palacio que tiene en San Javier es más barato que un aire acondicionado, dijo que un departamento en Nueva Córdoba le costó $ 35.000, una cochera en el mismo barrio $ 20.000, un lote 10 centavos y otras cifras desopilantes”.
Ante esto, Echevarría no dudó en calificar como “una burla a toda la sociedad” la declaración de González y agregó que “queda claro que miente porque no puede justificar el origen de los fondos con los que adquirió esos bienes”.
«Lamentablemente, los privilegios, el manoseo de lo público y la impunidad no son patrimonio exclusivo de González, es una forma de hacer política que defiende tanto Hacemos por Córdoba, como la oposición de la UCR y Juntos por el Cambio”, sostuvo Echevarría y aseguró que, por esa razón “es que intentaron cuidarlo en la Legislatura y se negaron a apoyar la expulsión que solicitamos”.
Finalmente, la legisladora aseguró que su bloque hará “todo lo que esté a nuestro alcance para que esta persona no ocupe nunca más un cargo en la función pública y pague por todas sus delitos y faltas”.
