En el marco de una profundización de la crisis económica nacional, que se traduce en una fuerte caída en la recaudación y en lo que se espera será una tensa negociación salarial con los gremios estatales, el gobierno provincial inició conversaciones informales con los bancos para que, de manera voluntaria, acepten estirar los plazos de pagos de los vencimientos.
Lo que se pretende es ganar tiempo. Córdoba enfrenta este año vencimientos de intereses y de capital por 488 millones de dólares, con vencimientos en junio y en septiembre del PDCAR21; y por 600 millones en el 2025. El stock de la deuda total es de 2.285 millones de dólares, que a noviembre pasado representaba 3,7 meses de recaudación. Con devaluación mediante y caída de ingresos, hoy representa ocho meses de recaudación, más del doble que hasta hace un mes, aunque menos que en el 2005, cuando llegó a casi 14 meses de recaudación.
Cuando el ex gobernador Juan Schiaretti hizo un balance de su gestión, detalló todo lo que le dejaba en caja a su sucesor: 428 millones de dólares en bonos que pagan en el 2024 (Boncer por 161,8 millones de dólares; Linked por 96,4 millones y el Dual por 169,79 millones de dólares), 183 millones frescos en cuenta y en pesos, tanto en cuenta como plazos fijos, indicó que dejaba el equivalente a 321 millones de dólares, aunque estaban expresados a dólares oficiales de $360.
“Esto puede ser utilizado por el próximo gobernador según sea el tamaño de la crisis”, dijo en la Bolsa de Comercio. “Quedan más de 600 millones de dólares en caja que superan largamente los vencimientos de la deuda pública financiera que hay en el 2024″, dijo. Esas declaraciones complican en algo la estrategia de Llaryora: ¿tiene la plata o no la tiene?
En la Provincia dicen que sí, pero sólo el 2024 y no para el 2025. Además, pretende encarar una estrategia conjunta con otras provincias que también necesitan reperfilar vencimientos, reveló ayer en un informe el diario La Voz del Interior.
Es más, le pidieron al gobierno nacional pistas sobre lo que pretende que hagan los estados subnacionales. Entre Ríos es la primera que enfrenta vencimientos: 60 millones en febrero. El monto es chico y hasta es probable que pueda fondearse en el mercado local, pero nadie tiene precisiones sobre cómo se manejará el ministro de Economía Luis Caputo respecto del acceso de las provincias al Mercado Único de Cambios. Buenos Aires y Córdoba son las más complicadas con las obligaciones este año.
Para algunos observadores, Llaryora está sobreactuando la crisis (lo mismo le endilgan a Milei a nivel nacional) para ir hasta el hueso, o lo más cerca que se pueda. Algo así como “ahora o nunca” a la hora de revisar gastos en el Estado. Al gobernador se le ha vuelto una obsesión la obra pública: cree que fue la marca de Schiaretti y no quiere ser señalado como quien la aborte.
Por eso necesita de alguna manera liberar algo de recursos para que en el 2024 los trabajos no se detengan. La sinergia de Córdoba con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, adonde fue el ex Epec, Luis Giovine, es total.
Esa área depende de Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura de Mieli, quien se ha apoyado en un equipo técnico de 20 profesionales que le aportó Córdoba. De ahí se esperan proyectos conjuntos, de precisión quirúrgica: poca plata pero efectivos.
