La medida tiene como objetivo imponer penas de hasta 20 años de prisión a menores que cometan delitos graves, generando una división significativa en el Congreso.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), convocó a los miembros de la comisión a una sesión el miércoles a las 10, tras el pedido realizado por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa. Milei había solicitado la reforma del Código Procesal Penal luego de una serie de asesinatos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, lo que desató un fuerte cruce con el gobernador Axel Kicillof.
El proyecto del Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque se estima que el consenso en el Congreso podría fijarla en los 14 años. Entre los legisladores que apoyan esta propuesta se encuentran figuras como el diputado massista Ramiro Gutiérrez y el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Además, otros proyectos presentados por la Coalición Cívica, la UCR y el Frente de Todos también apuntan a reducir la edad a los 14 años.
Tras el pedido de Milei, Diputados apura el paso para bajar la edad de imputabilidad
En contraposición, el diputado libertario Álvaro Martínez propone que la edad de imputabilidad se fije en los 12 años, mientras que la legisladora Natalia Zaracho aboga por mantener la edad actual de imputabilidad e incluso revisar si los menores de 16 años comprenden la naturaleza de sus delitos.
El proyecto también incluye sanciones alternativas a la prisión, como amonestaciones, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, con el objetivo de fomentar la resocialización de los menores infractores. Asimismo, se contempla la creación de la figura del «supervisor», encargado de acompañar a los jóvenes en su proceso de rehabilitación.
El debate se llevará a cabo previo a una sesión convocada por bloques opositores para tratar otros proyectos y realizar investigaciones sobre el escándalo del cripto Libra. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad continuará siendo un tema divisivo en el Congreso y podría generar un fuerte impacto en el futuro de la legislación penal en Argentina.
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