El Senado aprobó en una sesión especial, y convirtió en ley, un proyecto que contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados, que incorpora las prestaciones asociadas al abordaje integral de la violencia de género al Programa Médico Obligatorio (PMO) de la medicina prepaga y las obras sociales.
El proyecto había sido impulsado por la senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo en 2020, cuando era representante de la Cámara baja. “Para mí es un día muy especial. Agradezco este lugar de privilegio, desde mi bloque Córdoba Federal, que permite impulsar una ley que a través del consenso llega con estrategias necesarias y novedosas, para dar respuesta a un viejo problema que no debemos dejar que se estructure como tal y que afecta a más del 50% de la población», expresó ayer Vigo en el recinto.
La iniciativa incluye la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas. Esto implica que se incorporarán todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.
Las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en esta ley deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas.
La nueva ley aclara que están obligados a brindar cobertura como prestación obligatoria las obras sociales, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados.
El proyecto también aclara que se define como violencia de género la problemática sociosanitaria que deriva de lo establecido en la ley de Protección Integral a las Mujeres.
La titular de la Banca de la Mujer, la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo, dijo que “el objetivo del proyecto es interesante porque lo que busca es generar dentro del PMO un protocolo de abordaje integral y universal de las violencias de género”.
“Lo que se busca hacer es ordenar y compilar las prácticas ya existentes. Este proyecto no tiene impacto económico. Su fin específico no es solo acompañar a las víctimas de violencia de género, sino prevenir las prácticas de violencia contra las mujeres”, explicó.
Sobre el mismo punto insistió Vigo: “Este programa no tiene gastos y sólo requiere que las prestaciones que se necesitan estén incluidas en programa específico para víctimas en situación de violencia”. “Sólo hay que coordinarlas en un protocolo de actuación”, graficó.
Por último, la senadora por Córdoba dedicó la sanción de la ley “a las mujeres que a veces no tienen voz para gritar lo que padecen ni espacios para ser escuchadas. Les aseguro que será un arma para que, más temprano que tarde, todas las mujeres ejerzan el principal de los derechos humanos: el derecho a una vida sin violencia”.
