El Gobierno a pleno, con el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández a la cabeza, salió a cuestionar el accionar de la Corte Suprema de Justicia al reclamar una “reforma profunda” y denunciar un posible intento de proscripción de la vicemandataria para las elecciones de 2023.
La polémica comenzó el día previo, con un video difundido por Kirchner donde aseveró que “hay un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen”, lo que “coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”, aseveró. “Los argentinos y argentinas deberán saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida con esta Corte y este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta”, aseveró Fernández, quien incluso afirmó que “hay una sentencia ya está escrita” en su contra por la causa Vialidad “y a esta altura hasta firmada”. La vicemandataria volvió ayer a la carga al recordar que “el 50% de esta Corte fue propuesta por ‘Pepín’ Rodríguez Simón”, el célebre operador judicial del macrismo, hoy prófugo de la Justicia en Uruguay.
“He reflexionado sobre el mensaje que difundió Cristina Fernández”, aseveró ayer el presidente Fernández, quien salió a respaldar a su vice pese a las diferencias que los surcan. “He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, destacó el mandatario.
Dese Twitter, Fernández repasó diversos antecedentes para respaldar a Kirchner, desde “la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti” en la Corte, tomada por Mauricio Macri, hasta el hecho que “durante el macrismo, la Justicia Federal construyó ‘doctrinas’ que resultaron patéticos instrumentos para perseguir a opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas”. Cuando eso ocurría, “el máximo tribunal del país adoptó una posición pasiva que permitió que tanto maltrato a la justicia por parte de la Justicia Federal fuera posible”, recordó el Presidente, quien argumentó que el “desapego a la ley y a elementales normas éticas” quedó de manifiesto cuando el presidente de la Corte Suprema, Rosatti, es “al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Magistratura”, puesto al que accedió “poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo”.
Respuesta judicial
La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN) salieron a reclamar “equilibrio, mesura, prudencia y respeto institucional” al Gobierno ante sus críticas a la Corte Suprema.
La AFFUN expresó su “profunda preocupación” ante “las reiteradas expresiones de las más importantes autoridades políticas del país que, con la intención de cuestionar decisiones de magistrados judiciales (…), sugieren mediáticamente que actúan de manera indebida o ilegal”, y afirmó que “la independencia judicial constituye un derecho humano”.
Por su parte, la AMFJN expresó su “rechazo” al video publicado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y le reclamó “mesura en sus críticas y respeto institucional”.
Teoría del complot
Algunos referentes del ámbito judicial respaldaron las acusaciones de Cristina Fernández y advirtieron sobre una proscripción de la vicepresidenta.
“El lawfare está funcionando a dos velocidades sincronizadas. Ahora, se sobresee y protege al (ex presidente Mauricio) Macri y a su vez se intenta proscribir a la vicepresidenta para las elecciones del año que viene”, sostuvo el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.
“El plan de Comodoro Py es impedir que Cristina sea candidata”, agregó la abogada Graciana Peñafort, mientras el juez Juan Ramos Padilla advirtió que “antes de que empezara la campaña electoral, la Corte pidió el expediente de Vialidad (…) y ahora ya sabemos que va a salir esa sentencia. Se viene un golpe de Estado al estilo (Jair) Bolsonaro”.
