La semana que comienza será clave para definir la suerte del senador Edgardo Kueider (Entre Ríos), protagonista del último escándalo político de Argentina tras ser detenido la semana pasada en la frontera de Paraguay con más de US$ 200.000 y $ 600.000 en efectivo que intentaba pasar sin declarar ante la Aduana del vecino país. El caso afecta de manera directa al oficialismo y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya que Kueider fue un aliado clave en las votaciones de los proyectos reclamados por la Casa Rosada y en el control de la Cámara alta.
Ocurre que el peronismo pidió una sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de votar la exclusión del Senado del legislador entrerriano. Al mismo tiempo, un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora a fin de esclarecer si el proceso de aprobación de la Ley Bases incluyó irregularidades como el pago de coimas, una sospecha que crece cada vez más luego de que Kueider -cuyo voto fue clave en la aprobación de la iniciativa- accediera a la prisión domiciliara en Paraguay tras pagar US$ 300.000 a la justicia local junto a su secretaria y presunta amante, Iara Guinsel Costa.
De hecho, la diputada del bloque Encuentro Federal Margarita Stolbizer denunció penalmente al senador y aseguró que su enriquecimiento “podría ser una coima por cambiar su voto en la Ley Bases”. “La denuncia obliga a investigar el enriquecimiento ilícito y la omisión de presentar la declaración jurada”, detalló Stolbizer, quien consideró que “los corruptos como este hombre son capaces de hacer esas cosas y el cambio de su voto en el Senado (por la Ley Bases) es por demás llamativo”.
Sin embargo, el oficialismo intentará resistir la embestida peronista sin quedar pegado a Kueider. “¡Que se deje de joder el kirchnerismo!”, exclamó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien advirtió que “no es el único senador que no tiene procesamientos, hay varios…”.
Ocurre que, ante la embestida opositora contra Kueider, desde el oficialismo retrucaron con una propuesta lanzada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, para que se excluya del Congreso a todos los legisladores que cuenten con alguna causa judicial en trámite. Si bien la iniciativa no pasó aún de una amenaza, abre un mar de incertidumbre sobre las sesiones extraordinarias que inicia el Congreso.
Crecen los cruces con UxP
La expulsión del senador Edgardo Kueider de la Cámara alta se convirtió en el nuevo clivaje de la disputa política. Por un lado, el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales una campaña libertaria llamando a “fumigar el Congreso”, en referencia a su repetida calificación de “nido de ratas” al Poder Judicial. La amenaza velada es la propuesta lanzada por el vocero Manuel Adorni de “destituir a todos los diputados y senadores que tengan causas judiciales”.
A su vez, la ex presidenta Cristina Kirchner interpeló a Milei con el pedido de una sesión especial del bloque peronista en la Cámara alta para tratar la destitución del legislador. “Che Milei! A vos que decías que venías a terminar con la ‘casta’ (…) fijate que tu Vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus 6 senadores bajen al recinto para dar quórum” a favor de la iniciativa peronista, escribió la ex mandataria en X.
Una fianza millonaria
El senador Edgardo Kueider y su secretaría Iara Magdalena Guinsel Costa fueron trasladados en la madrugada del sábado a un lujoso departamento de Asunción, donde cumplirán con el arresto domiciliario que les impuso la Justicia de Paraguay tras pagar US$ 300.000 para acceder al beneficio. Aunque no podrán moverse del departamento, el senador y su secretaria se trasladaron a un lujoso edificio denominado “Tierra Alta”, donde cuenta con quincho, pileta y gimnasio, entre otras instalaciones.
“La policía debe hacer un control permanente en la puerta de ingreso y de salida del departamento. La policía tiene que estar en el piso. Tienen control permanente. Serán su sombra”, anticipó el juez Humberto Otazú, que lleva la investigación por lavado de activos y “tentativa de contrabando”, que tiene dos años y medio como pena máxima de prisión.
