El gobierno nacional reflotó ayer un viejo proyecto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, circunscriptas a la endeble categoría de “actos de terrorismo”.
Así lo reveló ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, donde anunció que “el Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas”.
“En este sentido se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”, profundizó Adorni, quien explicó que “se propone que, además de las acciones previstas en el primer párrafo de este artículo 27 como el mantenimiento de la paz, las Fuerzas Armadas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”.
“Por supuesto por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”, aclaró el vocero, quien hizo una curiosa referencia a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán durante la presidencia de Cristina Kirchner al agregar: “Hace años se firmaban pactos de silencio con los que causaban dolor y muerte a los argentinos y hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley”, dijo.
Lo que se sabe es que el proyecto propone cambios en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior 24.059, que delimita las actuaciones de las fuerzas militares, con el objetivo de permitir que el Ministerio de Defensa disponga, en caso de requerimiento de los citados “Comités de Crisis” provinciales, que las Fuerzas Armadas “apoyen” las operaciones de seguridad ante una situación específica en dichos distritos.
“Para lo cual, se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”, completa el texto del proyecto. La propuesta habla de una “opción intermedia” entre las acciones de apoyo del Ejército o la Armada y la Fuerza Aérea a la Gendarmería y la Policía Federal en tareas de control y seguridad y la situación de Estado de Sitio.
Ingresó el DNU con los fondos de la Side
Ante la presión de la oposición “dialoguista”, el gobierno nacional envió a la comisión Bicameral de Trámites Legislativos el polémico DNU 656/24, que le otorgó $ 100.000 millones a la nueva Secretaría de Inteligencia (Side). Así lo había reclamado el bloque radical, que cuestionó la decisión de otorgar la millonaria cifra para “gastos reservados” de la flamante agencia de inteligencia.
“Por decreto conformaron una nueva Side y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de $ 100.000 millones más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de $ 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ‘no hay plata’, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados. Y lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos”, aseveró la UCR. Ante este posicionamiento, un conteo provisorio vislumbra una mayoría en la Cámara de Diputados para rechazar el decreto, aunque para que sea derogado el escenario debería repetirse en el Senado, según lo establece la Ley 26.122.
