El presidente Javier Milei ha ordenado acelerar el proceso de privatización de las empresas estatales, según fuentes cercanas al gobierno en conversación con Ámbito. En esta primera etapa, se han identificado 59 compañías que están bajo análisis en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher. Este equipo está compuesto por unos 30 profesionales que ya comenzaron a evaluar cada empresa para definir su futuro.
La política de privatización de Milei busca reducir el control estatal sobre diversas áreas estratégicas de la economía, y según el entorno del presidente, se trata de «cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos». Aunque algunas de estas empresas sean rentables, el gobierno sostiene que, si permanecen bajo control público, volverían a convertirse en entidades deficitarias debido a la intervención política.
El proceso contempla seis posibles destinos para las compañías: privatización a través de una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos.
En este contexto, las autoridades han planteado tres fases principales para llevar a cabo el plan: definición, preparación y ejecución. Se estima que todo el proceso podría completarse en aproximadamente 6 a 8 meses.
Entre las empresas que podrían pasar al sector privado se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, ARSAT, AySA, ENARSA, Fabricaciones Militares. Banco Nación y Banco Hipotecario.
Cada una de estas empresas es evaluada caso por caso, considerando aspectos como su viabilidad económica, oportunidades de negocio y los sectores de interés para potenciales inversores.
Por ejemplo, en el caso de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos), el gobierno busca atraer a un operador fuerte que asuma la gestión de la empresa, con la posibilidad de abrir su capital en la Bolsa. Mientras que ARSAT ya ha anunciado que para 2025 buscará privatizar hasta el 49% de su capital accionario.
La privatización de Aerolíneas Argentinas es uno de los temas más delicados dentro de este plan. Aunque el Gobierno considera inviable una privatización total en el corto plazo, ya se evalúan áreas específicas que podrían ser transferidas al sector privado, como los servicios de tierra o parte de la flota. Además, se han mantenido conversaciones con la provincia de Córdoba, que ha mostrado interés en recibir la flota de Embraer (antigua Austral) para crear una aerolínea provincial.
A pesar de los desafíos, el Gobierno sostiene que las privatizaciones son un paso crucial para avanzar en la modernización y eficiencia del aparato estatal. Según el equipo de Milei, incluso aquellas empresas que actualmente son rentables, como Aerolíneas, corren el riesgo de convertirse en deficitarias si permanecen bajo control público.
Uno de los puntos que destaca el gobierno es la rentabilidad esperada para las empresas que logren privatizarse. Las autoridades afirman que estas compañías tienen un gran potencial de generar ingresos si se gestionan de manera eficiente desde el sector privado. A su vez, la venta de activos y la apertura de capital a inversores estratégicos permitiría optimizar los recursos y evitar el gasto estatal en subsidios.
