El presidente Javier Milei monitorea desde Casa Rosada el despliegue del operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, horas antes de una nueva protesta de jubilados.
Las fotografías del pasado miércoles impactaron en Balcarce 50, y amparados en la premisa de preservar la imagen del mandatario buscan «desincentivar» la escalada de violencia que se vivió luego de que oficiales de las cuatro fuerzas de seguridad reprimieran a los manifestantes.
Con el fotoperiodista Pablo Grillo internado en el Hospital Ramos Mejía a raíz de una herida de gravedad producto del impacto de un gas lacrimógeno lanzado por un gendarme, la idea es evitar los enfrentamientos y limitarse a «mantener el orden público».
«Si tengo que ser cínico, por supuesto que sirve que tiren piedras porque le va a recordar a la sociedad de que está hablando cuando montamos en el operativo», sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial al tiempo que aclaró que la directiva es no abonar a la tensión de la calle.
Pasado el mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada del diseño del despliegue policial visitó el despacho de la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei.
En paralelo, Casa Militar desplegaba un vallado a la altura de calle Reconquista para blindar el acceso a la manifestantes que, el pasado miércoles, arrojaron piedras al Palacio de Gobierno.
«Marcha o violencia: no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán», definió la funcionaria a través de sus redes sociales.
En el Poder Ejecutivo atribuyen la convocatoria a la izquierda y al kirchnerismo, y dan por descartada la presencia de barras bravas, pero insisten con que se trata de una «una marcha política» que apunta a «desestabilizar».
Bajo esa premisa es que utilizaron el sistema de comunicación de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para emitir mensajes disuasivos a los manifestantes. En las pantallas y altavoces de las terminales se proyectó la advertencia: «La policía va a reprimir todo atentado contra la República».
En paralelo, 900 policías se encuentran apostados en los alrededores del Parlamento, en un operativo conjunto con fuerzas federales. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos en la zona para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos.
Sin embargo, y pese a que aseguran no detectar diferencias con la movilización del pasado miércoles, el Ministerio de Seguridad dispuso de un protocolo particular que consiste en el despliegue de un extenso vallado que blinda los principales accesos al Congreso.
El trazado de la «zona estéril» apuesta a evitar que las fuerzas de seguridad establezcan contacto con los manifestantes, y a concentrar la protesta en la plaza para que las calles y avenidas no estén afectadas, aunque para instrumentarlo, la cartera debió interrumpir la circulación.
El operativo fue coordinado el pasado martes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, Diego Kravetz; el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta; en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo.
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