El Senado de la Nación comenzaría a discutir finalmente hoy, a partir de las 10 de la mañana, la Ley Bases y el paquete fiscal con cambios impositivos, mega proyectos que el gobierno de Javier Milei impulsa prácticamente desde el inicio de su gestión y cuya aprobación ha convertido en su mayor apuesta en medio de la crisis recesiva que sacude a la economía argentina –lo que ha llevado a agigantar la expectativa de los mercados, que tienen la mirada puesta en lo que sucederá en la Cámara alta-.
Si bien el oficialismo había puesto toda la carne en el asador para lograr la aprobación de las iniciativas, ni siquiera tenía asegurado el quórum para iniciar el debate. En efecto, la noticia de que los senadores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia no darán quorum para iniciar el debate de ambas normas había puesto anoche en jaque al oficialismo, que contaba con su respaldo para llegar al ansiado número de 35 legisladores para habilitar el debate.
Carambia y Gadano reclamaron que quite del temario la Ley Bases y sólo se trate el paquete fiscal. Además pidieron incorporar el proyecto de aumento a las jubilaciones aprobado la semana pasada en la Cámara baja por la oposición, con el objetivo de sancionarlo de manera exprés.
“Desde nuestro bloque, nosotros hoy creemos que la prioridad no es la Ley Bases. Son los jubilados, y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal, para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado y el Gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados”, aseveraron en un video (foto).
De esta forma, la sesión entró en riesgo. Para conseguir quórum, el oficialismo depende de dos radicales: Maximiliano Abad y Martín Lousteau, quien presentó un dictamen propio pero anoche anticipó que habilitará el tratamiento. Todo pese a que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo hasta lo imposible en las negociaciones previas con legisladores y gobernadores para asegurarse el apoyo a las iniciativas: prometió obra pública a las provincias, aceptó cambios solicitados por los “aliados” y hasta entregó un cargo en las Naciones Unidas a una senadora opositora a cambio de su voto, en un nuevo escándalo de la gestión libertaria.
Aún así, anoche no había nada asegurado: de hecho, los conteos previos anticipaban que la votación en general podría derivar en una igualdad que rememora el debate de la Resolución 125 en el gobierno de Cristina Kirchner, donde esta vez tendría que definir la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Por el rechazo hay asegurados 33 votos del bloque de Unión por la Patria (UxP); mientras por el acompañamiento hay 7 de La Libertad Avanza (LLA) y 6 del PRO, a quienes se sumaría buena parte del bloque de la UCR (13 votos); los sufragios de Por la Justicia Social y Juntos Somos Río Negro (uno cada uno); del Frente Renovador de la Concordia (2 votos); Comunidad Neuquén (1) y Cambio Federal y Unidad Federal (3 cada uno).
En total, si nadie se ausenta y todos acompañan las normas oficiales, LLA sumaría 36 votos. Las dudas están en Lousteau (UCR) y los santacruceños Gadano y Carambia: si ellos se suman al rechazo del dictamen oficial, igualarían los 36 votos oficiales, pero en contra.
La incertidumbre se extiende a la votación en particular de los distintos capítulos de las voluminosas normas, cuyo tratamiento llevará más de un día. Ley Bases recibió alrededor de 50 modificaciones, pero el oficialismo seguía negociando apoyos: Francos recibió ayer al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que se sumó a las otras ocho provincias que pactaron la transferencia de obras públicas en ejecución a cambio del respaldo de sus senadores.
Afuera del recinto, tanto el peronismo como la CGT intentarán presionar a los senadores con una multitudinaria protesta que reunirá a diferentes sectores: desde movimientos sociales a sindicatos habían iniciado anoche una vigilia en rechazo a las iniciativas en la Plaza de los Dos Congresos.
Denuncian la compra de votos en la cámara
A horas de la decisiva sesión por la Ley Bases en el Senado, ayer se conoció un documento interno de Cancillería dirigido a la dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta pidiendo antecedentes jurídicos de la senadora Lucila Crexell -que tiene un monobloque y es un voto clave para Javier Milei- como paso previo para designarla como embajadora de la Unesco.
“Se deja constancia que la señora Carmen Lucila Crexell será designada Delegada Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, una vez obtenido el correspondiente acuerdo” del Senado, dice el texto enviado por el Gobierno al Senado.
La noticia generó un escándalo porque, hace quince días, el diario La Nación había revelado que el Gobierno había negociado la designación de Crexell en la Unesco a cambio de su apoyo en el Senado a la Ley Bases y el paquete fiscal. Desde la oposición, en consecuencia, salieron a denunciar la “compra de votos” del oficialismo, lo que podría derivar en una denuncia judicial.
