El Gobierno avanzó ayer en la reglamentación de la Reforma Laboral que el Javier Milei había presentado dentro de la Ley Base, al publicarla con el Decreto 847/2024 en el Boletín Oficial. Se trata de una de las iniciativas más ambiciosas de la gestión libertaria, que establece cambios radicales en las reglamentaciones del trabajo, las relaciones entre empleadores y empleados, el blanqueo de los trabajadores y las indemnizaciones por despidos.
Si bien los abogados laboralistas anticiparon que la ley se aplicará recién para los trabajadores que hayan sido contratados después del 9 de julio de este año, fecha en que se promulgó la ley, la reforma ya generó resistencia en el ámbito sindical, al punto que los sindicatos del transporte ya están organizando un paro de 24 horas en su contra para la emblemática fecha del 17 de octubre. A su vez, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este lunes a la CGT para intentar tender puentes y explicar los detalles de la iniciativa.
Entre los principales cambios, la nueva norma establece el Fondo de Cese Laboral como sustituto del régimen de indemnizaciones, aunque el nuevo sistema debe ser acordado y negociado con los gremios en las convenciones colectivas de Trabajo. El fondo “le otorga a los empleadores y trabajadores la posibilidad de sustituir la indemnización por antigüedad” por un fondo cuyo monto, plazos y modalidades dependerán de lo que se acuerde en este nuevo sistema de Cese Laboral entre las partes. Los convenios podrán adoptar tres sistemas: cancelación individual, fondo de cese individual o colectivo, seguro individual o colectivo.
La reforma también habilita la contratación de hasta tres empleados sin que se genere una relación de dependencia por parte del empleador. Esto será posible a través de la creación de la figura del “colaborador”. Los trabajadores supuestamente independientes entre sí deberán prestar declaración jurada ante la Afip que pruebe que no hay un vínculo de dependencia.
A la vez, la reforma flexibiliza radicalmente las multas por trabajo en negro. Bajo el paradójico título de “promoción de empleo registrado”, el empleador queda eximido de multas, sanciones o contribuciones por haber tenido empleados no registrados. Se elimina el Registro de Sanciones Laborales (Repsal) y se les condona las deudas de capital e intereses que mantenía por falta de pago de contribuciones o aportes patronales.
Otro cambio sustancial es el período de prueba, que se extenderá de 6 a 8 meses y también hasta un año en empresas chicas y medianas. Durante este tiempo, el trabajador no guardará ninguna relación de dependencia con su empleador, tendrá salarios más bajos que el que perciben los empleados en blanco y no tendrá derecho a cobrar una indemnización en caso de ser despedido o de no ser contratado. Incluso, podrá ser desvinculado sin causa y no lo podrá justificar para el inicio de ninguna acción legal.
Sturzenegger anticipó la “deep motosierra”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó ayer que el Gobierno se prepara para entrar en una nueva etapa en su búsqueda de equilibrio fiscal que llamó “deep motosierra”.
“La valentía que ha tenido Javier (Milei) de enfrentar estas cosas, es decir, esto se acaba y estas cosas no van a poder seguir. El Estado necesita una motosierra, nosotros lo llamamos ‘deep motosierra’. El empleo público ha caído más o menos en 12% o 13% en los ocho meses, pero ahora viene la ‘deep´”, anticipó el economista en una entrevista.
“Deep motosierra es… Javier ya ha reducido el gasto público en un 30% y eso es básicamente lo que implica o permite que el Estado le reduzca la mochila que le carga al resto de la sociedad, porque ese era un gasto público que alguien lo tenía que pagar de alguna manera, ya sea con inflación, con impuestos, con deuda, lo que fuere, ¿no? Y se viene más, se viene más”, celebró el funcionario.
Los gremios estatales vienen alertando sobre una nueva ola de despidos, ya que el 30 de septiembre se vencen los contratos temporales de una gran cantidad de empleados públicos a los que se les prorrogó el vínculo por los últimos tres meses. Según adelantan, hay 70.000 puestos de trabajo en la mira.
Los gremios analizan un paro del transporte
“Son todas medidas que van en contra de los trabajadores. La CGT hizo todo lo que tenía que hacer, los diputados fueron lo que traicionaron los derechos de los laburantes, que se hagan responsables cuando vuelvan los despidos y la indemnización la tenga que pagar el laburante”, advirtió ayer el co-secretario general de la CGT, Pablo Moyano, al hablar de la reforma laboral, y anticipó que la Mesa Nacional del Transporte “evalúa” la posibilidad de realizar “un paro nacional” en contra de las políticas del Gobierno.
En efecto, el cuerpo integrado por la mayoría de los sindicatos del sector convocó a un plenario para el 8 de octubre con el objetivo de considerar la realización de un paro nacional para el 17 del mismo mes.
Se trata de los gremios del transporte agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT). “Los ejes de nuestros reclamos son tres: la falta de recomposición salarial; la libertad sindical y la defensa de la soberanía nacional sobre los distintos modos de transporte”, señalaron.
